El pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó la creación de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social, con lo que el sistema de preliberaciones deja de ser operado por el gobierno capitalino y pasa a manos del Tribunal Superior de Justicia local, que deberá contar con salas, jueces y magistrados especializados.

En sesión extraordinaria, los asambleístas también elevaron a rango de ley la prohibición del uso de celulares por los internos y se obliga a que todas las cárceles de la ciudad cuenten con cámaras de video en escaleras, entradas a los baños, pasillos y túneles de acceso a juzgados, rejillas de práctica y áreas donde converjan sentenciados de ambos sexos.

Con la nueva norma se crea la figura de juez de ejecución de sanciones penales, cuya función será hacer cumplir, sustituir, disminuir o declarar extinta la pena de los sentenciados.

En el caso de la reducción de la sanción, la autoridad judicial podrá conceder beneficios como la reclusión domiciliaria mediante el monitoreo electrónico a distancia por brazaletes, otorgar tratamientos preliberacionales, libertad condicional, remisión parcial de la pena, entre otros.

El promotor de la legislación, el diputado Alejandro Carbajal, explicó que el beneficio de reclusión domiciliaria será sólo para primodelincuentes, siempre y cuando cumplan con algunos requisitos, como haber cubierto la totalidad de la reparación del daño, que su pena sea menor de diez años, y cubra el costo del dispositivo de monitoreo electrónico.