a gira del titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, por Estados Unidos, que se desarrolló desde el pasado martes, estuvo marcada por una inocultable actitud de entrega del control de sectores estratégicos para el país, la cual, además de contraria a los intereses nacionales, resulta inconveniente para México y contraproducente en términos políticos.

Por principio de cuentas, el viaje presidencial ha sido el contexto para que Calderón reavive, frente a empresarios del vecino país, sus empeños por privatizar parcial o totalmente la industria petrolera nacional: así quedó de manifiesto con el anuncio de una reforma legal para modernizar Petróleos Mexicanos (Pemex), que considere las experiencias de empresas como la noruega Statoil o Petrobras, de Brasil y en el contexto de la cual la venta de acciones (de la paraestatal) podría ser una alternativa.

Tales señalamientos, además de ser contrarios al espíritu y la letra constitucionales en materia de hidrocarburos, carecen de pertinencia política en el momento presente: desde 2008, una porción mayoritaria de la sociedad mexicana manifestó con claridad su rechazo a la privatización petrolera; reclamó que ésta se mantuviera íntegramente como propiedad exclusiva del Estado; demostró una amplia capacidad de movilización para impedir la entrega de Pemex a particulares y rebatió suficientemente los criterios y argumentos mediante los cuales el grupo en el poder vuelve ahora a la carga en sus afanes privatizadores. Por añadidura, la Presidencia de la República y el partido en el poder acusan hoy una debilidad política mucho mayor que en 2008 y a ello se suma la exasperación social provocada por la guerra contra el narcotráfico en que Calderón embarcó al país hace cuatro años –por más que ahora niegue haber enarbolado esa bandera–: estos factores, en conjunto, hacen que las posibilidades de imponer el designio privatizador sean hoy mucho más acotadas.

A la reactivación del designio privatizador de la industria nacional de los hidrocarburos se sumaron, en el contexto de la visita presidencial a Nueva York, las afirmaciones del propio Calderón Hinojosa de que las regulaciones en materia de competencia en las telecomunicaciones deben estar orientadas a frenar las prácticas monopólicas de las empresas propiedad de Carlos Slim: tal advertencia resulta inaceptable, porque constituye un guiño a los intereses empresariales que pugnan por incursionar en el mercado nacional de las telecomunicaciones y hegemonizarlo, y porque permite ver la doble moral y el manejo oficial faccioso y parcial en ese ámbito: planteamientos similares debieran ser dirigidos –así fuera por elemental congruencia con el pensamiento neoliberal y con el espíritu de la libre competencia– al duopolio que controla, en condiciones mucho más cerradas que las que privan en el mercado de la telefonía, las concesiones sobre frecuencias televisivas.

En suma, la visita de Calderón a territorio estadunidense se presenta ante la opinión pública como una gira de ofrecimiento para que los intereses económicos de ese país se involucren en rubros de importancia central para el nuestro, y como una provocación a los distintos actores sociales, políticos y empresariales de México. Tal actitud disipa cualquier posibilidad de acuerdo nacional que el propio Calderón ha reclamado en torno a los temas de la agenda política y económica: si hasta antes de esta visita el país asistía a un creciente distanciamiento entre la actual administración y la sociedad como consecuencia de los desastrosos resultados de la estrategia de seguridad pública vigente y los empeños gubernamentales por mantenerla, los pronunciamientos realizados allá por Calderón introducen factores adicionales de tensión”.

Flaco favor se hace el titular de una administración cuestionada en los distintos ámbitos de su quehacer, deficitaria de legitimidad desde su origen y ahora acosada en distintos frentes políticos –la demanda social por la destitución del titular de Seguridad Pública, Genaro García Luna, es una muestra clara de ello–, cuando en vez de procurar la necesaria conciliación nacional atiza las diferencias de forma tan innecesaria, peligrosa e inoportuna.