Montevideo, 19 de mayo. La Cámara de Diputados de Uruguay debatía este jueves un proyecto para anular una ley que evitó investigar violaciones a los derechos humanos en la última dictadura (1973-1985), y que se encaminaba al fracaso luego que un diputado oficialista se negó a votarlo.

Tras meses de marchas y contramarchas y en una sesión considerada histórica, la Cámara de Diputados comenzó a debatir poco después del mediodía un proyecto para dejar sin efecto la ley de caducidad aprobada en 1986 y que obliga a la justicia a consultar al Ejecutivo qué casos puede investigar.

Afuera del Parlamento, cientos de personas convocadas por el gobernante Frente Amplio (FA, izquierda) y la central de trabajadores PIT-CNT se manifestaban con carteles en que se leía: nunca más impunidad y con imágenes de los casi 200 desaparecidos durante la dictadura uruguaya.

El debate prometía extenderse hasta entrada la madrugada de este viernes, ante la larga lista de oradores mientras persistía la incertidumbre sobre la aprobación de un proyecto impulsado por el FA pero que depende de la voluntad de un solo hombre: el diputado Víctor Semproni, quien anunció su postura contraria a la iniciativa luego que el presidente José Mujica rechazó el proyecto de anulación, advirtiendo que se le está pasando por arriba a dos plebiscitos y que si se aprueba la anulación el partido va a sufrir costos importantes.

No obstante, este jueves Mujica instó a Semproni a votarlo por razones de disciplina partidaria y en aras de la unidad de acción del FA.

La decisión de Semproni –que el jueves acudió al Parlamento con un guardia de seguridad– deja al FA con 49 votos en la Cámara, contra 49 de la oposición, por lo que si todos los legisladores opositores están en sala el proyecto no sería aprobado y podría pasar a la Asamblea General, donde necesita mayoría de dos tercios para su aprobación.

La votación del proyecto de ley en marzo en el Senado provocó la renuncia de un senador oficialista a su banca y el voto en contra de otro. De no aprobarse el jueves el tema podría generar más divisiones dentro del oficialismo.

Quienes cuestionan el proyecto de anulación –dentro del FA y en la oposición– sostienen que va en contra de la voluntad de la ciudadanía, que fue consultada en 1989 y 2009 sobre la derogación de la ley, en plebiscitos que fueron derrotados en las urnas.

El proyecto de anulación fue impulsado luego que la Suprema Corte de Justicia indicó que la ley de caducidad es inconstitucional, y ante una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó a Uruguay investigar y sancionar las desapariciones forzadas.