La juez federal Blanca Lobo negó este jueves una suspensión provisional al consorcio de telefonía América Móvil, filial de Telcel, con el que la empresa pretendía que quedara congelada por tiempo indefinido la multa de 11 mil 989 millones de pesos que le impuso la Comisión Federal de Competencia (CFC) por reincidencia de Telcel (propiedad de Carlos Slim) en prácticas monopólicas relativas, informaron fuentes judiciales.

Esta resolución no significa que la compañía quejosa haya perdido el amparo, pues el juicio continuará desahogándose en el juzgado, lo más probable durante más de 12 meses, tiempo en el cual la multa seguirá vigente y deberá ser cubierta por Telcel.

En caso de que la compañía de Slim gane el amparo en última instancia, y siempre y cuando pague la multa, la Comisión Federal de Competencia, con el apoyo del gobierno federal, deberá regresar el monto total de la multa más un anexo aún no cuantificable por concepto de reparación del daño moral, indicaron fuentes judiciales consultadas.

La demanda de amparo de Telcel, según registros del Consejo de la Judicatura Federal, fue presentada el pasado 10 de mayo, pero fue admitida a trámite hace dos días por la juez décimosegunda de distrito en materia administrativa, Blanca Lobo Domínguez.

El 13 de mayo pasado la juez hizo un requerimiento a la empresa para que realizara aclaraciones a su demanda en un plazo de tres días hábiles, por lo que apenas esta semana se admitió la petición de amparo.

América Móvil, propiedad de Carlos Slim, alega que la resolución de la Cofeco en el expediente DE-37-2006, dictada el pasado 7 de abril, es violatoria de 11 artículos de la Constitución.

En marzo, la juez Lobo protagonizó una de las controversias más publicitadas de los últimos años, cuando ordenó suspender la exhibición del documental Presunto culpable.

Por otra parte, Multivisión solicitó a la Corte atraer cinco amparos para aclarar si las concesiones de televisión de paga se deben prorrogar para prestar servicios móviles de transmisión de voz y datos de última generación, sin que medie licitación pública, según informaron las fuentes judiciales consultadas.