Más de 300 familias del municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, iniciaron ayer un nuevo intento por regresar a sus comunidades de origen, luego de haber sido desplazados por paramilitares del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort).

La cuarta versión de la llamada Marcha del color de la sangre no sólo busca que los copaleños por fin regresen a sus hogares, tras dos años de éxodo forzado; también hará énfasis en la exigencia de justicia por los asesinatos y agresiones que han sufrido, afirmó en rueda de prensa Macario García Merino, representante de dicha comunidad.

La movilización, que comenzó ayer en el Ángel de la Independencia, también pide a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que conceda medidas cautelares a más de mil habitantes de San Juan Copala y los barrios aledaños de Paraje Pérez, Guadalupe Tilapa, Santa Cruz Tilapa y Yosoyuxi.

La petición ya fue realizada de manera formal ante esa comisión, el pasado 20 de mayo. En caso de ser aceptada se sumaría a las que ya fueron otorgadas para 135 personas más, sin que hasta el momento el Estado mexicano haya realmente cumplido con la medida, afirmó Claudia Gómez Portugal, de la organización civil Sakbé.

En videoconferencia desde Washington, sede de la CIDH, la abogada Priscila Rodríguez subrayó la incapacidad del gobierno para aplicar medidas elementales de protección en favor de las víctimas, y aseveró que si esta actitud persiste, muy pronto la justicia interamericana podría juzgar y sentenciar de nuevo a las autoridades del país.

Por su parte, Reyna Martínez, vocera de los desplazados de San Juan Copala, dijo: nuestras armas son seguir exigiendo justicia y respeto para todos los pueblos indígenas del país. Si nos quieren matar cuando lleguemos allá, ya va a ser más en público, y estamos dispuestos a morir si hace falta.