Saná, 28 de mayo. Un tribunal administrativo sentenció al depuesto presidente Hosni Mubarak y a otros dos ex funcionarios a pagar una multa de 540 millones de libras egipcias (91 millones de dólares), por haber perjudicado la economía cuando ordenaron la suspensión de los servicios de telefonía e Internet durante las manifestaciones populares de protesta que precipitaron la renuncia del mandatario el 11 de febrero.

Esta es la primera resolución judicial en contra de Mubarak, que se enfrenta a otros dos procesos judiciales, uno por corrupción y uno más por haber ordenado la represión de ciudadanos que en enero y febrero pasados pidieron en la plaza Tahrir (Liberación) de El Cairo la renuncia del gobernante egipcio, después de permanecer 30 años en el poder.

Mubarak tendrá que pagar 33.5 millones de dólares, mientras que el antiguo primer ministro Ahmed Nazif, y el ex ministro del Interior Habib Adly, tendrán que pagar 6.7 millones y 50.3 millones, respectivamente.

El servicio de las cuatro principales operadoras de acceso a Internet fue suspendido el 28 de enero, unos días después de iniciada la revuelta en El Cairo.

La compañía británica Vodafone, al acatar la decisión gubernamental, afirmó que no tuvo más opción que proceder a la suspensión, pero luego reveló que las autoridades también utilizaron las telecomunicaciones para enviar mensajes de texto a sus abonados, en favor del gobierno.

Punto de inflexión

Aunque el fallo del tribunal destacó los efectos negativos en la economía y el Ministerio de Comunicaciones y Tecnología de la Información prevé pagar compensaciones por 100 millones de libras egipcias a las empresas dañadas, el proceso judicial sienta precedentes en el terreno político.

Este fallo será un punto de inflexión para la postura y decisiones de algunas entidades que aún viven una cultura autoritaria sobre cómo tratar con los servicios de comunicación y las libertades que ofrecen, dijo el analista político egipcio Abdel Fattah.

Los servicios de Internet y telefonía móvil –base tecnológica de las redes sociales electrónicas– han sido señalados como un factor relevante en las revueltas de países árabes de este año, pero no tuvieron el mismo efecto en Irán durante las protestas poselectorales de 2009 y 2010.

Según el diario The Washington Post, especialistas de una unidad policial iraní de elite aplican en Siria un programa de formación de agentes de seguridad que dan seguimiento a los opositores que usan las telecomunicaciones.