Expertos en investigaciones sobre el Ejército y seguridad pública expresaron, ante las comisiones de Derechos Humanos y Gobernación de la Cámara de Diputados, que es necesario replantear la estrategia de combate a la delincuencia organizada que se aplica a partir de tareas policiacas de las fuerzas armadas, cuyo entrenamiento y doctrina no están diseñados para operativos en las calles.

Edmundo Salas Garza, de la Red de Especialistas en Seguridad Pública, dijo que si bien el Ejército y la Marina han dado algunos golpes contra las bandas criminales, esto no se debe a una estrategia, sino sobre todo a las tan de moda denuncias ciudadanas.

Ver a batallones del Ejército es un desperdicio y el combate a la delincuencia sería más eficaz si se le dejara definir sus propias estrategias, planteó.

Explicó que si se insiste en utilizar a militares y marinos en tareas que corresponden a las policías, lo prudente sería utilizar su capacidad y estrategia fundamental, que es la de posicionamiento territorial, ocupación de regiones y expulsión del enemigo, y no llevar a cabo acciones de patrullaje.

Ante las preguntas de los diputados respecto del fuero que debe prevalecer para los militares que cometan delitos en sus tareas de combate a la delincuencia, Salas Garza señaló que ese debate surge del uso que el Ejecutivo da al Ejército y a la Marina para suplir a la Procuraduría General de la República y a las policías.

Los militares, constitucionalmente, deben participar como auxiliares del poder político y en tareas de seguridad interior. Cuando se encuentran en guerra, aplica el fuero militar, pero cuando son coadyuvantes de la seguridad pública, el fuero debe ser civil, delimitó.

Observó que para los senadores y diputados es complicado definir que los delitos sean perseguidos por el fuero civil, porque es peliagudo pelearse con el Ejército, porque todos le tenemos miedo. Y los partidos más, si tienen aspiraciones de hacerse del poder, pero el Ejército ha dado muestras de una institucionalidad extraordinaria, subrayó.

El contraste, expuso, es mayor cuando se utiliza a las fuerzas armadas cuando se les necesita y cuando nos caen gordos, los queremos meter al cajón de los triques, pero los militares son más centrados que muchos de los representantes populares, sean senadores o diputados, y se puede platicar con ellos porque tienen una institucionalidad extraordinaria.

Por su parte, el general José Francisco Gallardo señaló que si bien la Constitución da al Presidente de la República la facultad de utilizar a la fuerza armada permanente, también previene que debe cumplir lo establecido en el artículo 29 constitucional, para que la decisión sea tomada por los tres poderes de la Unión.

Esto es, declarar el estado de excepción, pero (Felipe) Calderón no lo hizo cuando declaró la guerra a las drogas en 2007, sino que acorde con las intenciones de Estados Unidos en la Iniciativa Mérida, subordinó a las fuerzas armadas y al sistema de justicia a los intereses del Pentágono y de Washington, expresó.