El secretario de administración de la Secretaría de la Defensa Nacional, general de división Augusto Moisés García Ochoa, señaló que ante la importancia creciente que tienen la inteligencia y contrainteligencia para la seguridad nacional e interior del país, deben profesionalizarse estas áreas y complementarse con expertos egresados de las universidades y escuelas superiores, como la UNAM.

El divisionario, ex director del Centro de Investigación Antinarcóticos de la Defensa Nacional, dijo lo anterior al participar en la conferencia internacional sobre Seguridad y justicia en democracia, donde sostuvo que la participación de los universitarios contribuiría a transparentar los órganos de inteligencia.

En una participación inédita de un alto mando del Ejército en un acto de este tipo, García Ochoa apoyó la idea de formar un centro de inteligencia y planeación estratégica en el que los especialistas en diversas áreas del conocimiento se incorporen a labores de inteligencia para formular políticas en materia de seguridad nacional e interior.

García Ochoa llamó la atención sobre la importancia creciente que tienen la prevención de ciberataques, y admitió que incluso la propia Defensa Nacional ha sido objeto de agresiones de este tipo, en áreas delicadas como las que se encargan de labores de inteligencia y contrainteligencia relacionadas con el combate al narcotráfico y de seguridad pública.

Al respecto, señaló que, independientemente del combate al narcotráfico, para la Defensa Nacional el principal riesgo para el país está relacionado con ataques cibernéticos.

Fallas al combatir el lavado de dinero

En otra mesa de discusión, los ponentes que participaron con relación al lavado de dinero coincidieron en que el sistema legal nacional e internacional es insuficiente para combatir el delito de lavado de dinero.

Funcionarios de la Procuraduría General de la República y de la Unidad de Inteligencia Financiera y el Fiscal Antimafia de Italia comentaron que la delincuencia organizada utiliza con éxito el sistema económico financiero internacional para lavar los multimillonarios recursos que obtiene de sus actividades ilícitas.

El titular de la Unidad de Investigación Financiera de la Secretaría de Hacienda, José Alberto Balbuena Balbuena, indicó que anualmente ingresan al país más de 25 mil millones de dólares provenientes de Estados Unidos, producto de la venta de drogas, de los cuales el año pasado 14 mil millones de dólares fueron en efectivo y el resto se desconoce si entraron a través del sistema financiero o si esos recursos se están desviando hacia países de Centro y Sudamérica.

Balbuena aseguró, por otra parte, que gracias a la reforma sobre depósitos en efectivo el flujo de dólares de México hacia Estados Unidos se redujo 50 por ciento, al pasar de 14 mil millones de dólares en 2009 a 7 mil millones de dólares en 2010. Añadió que el principal desafío para el gobierno mexicano lo constituye evitar que el dinero procedente de actividades ilícitas se introduzca en el sistema financiero nacional.

Agregó que aun cuando urge que sean aprobadas por el Congreso las reformas para eficientar el combate a los recursos de procedencia ilícita, de 2010 a la fecha las autoridades federales han decomisado más de 473 millones de dólares y 445 millones pesos producto de actividades delictivas.

El tema es tan grave que el procurador nacional antimafia de Italia, Pietro Grasso, advirtió que el crimen organizado y el lavado de dinero ponen en riesgo la democracia y la convivencia de la sociedad mundial, por lo que hizo un llamado a la comunidad internacional a aplicar medidas globales contra ese ilícito, entre las cuales propuso la desaparición de los llamados paraísos fiscales.

En este sentido, el subprocurador de Investigación Especializada de la PGR, Irving Barrios Mojica, cuestionó la labor de los jueces federales, quienes –en la mayoría de los casos– dejan libres a los acusados de lavado de dinero con el argumento de que el Ministerio Público no demostró la procedencia ilícita de los recursos.

Barrios Mojica representó a la procuradora general de la República, Marisela Morales, quien canceló de última hora su participación.