Cuernavaca, Mor., 2 de julio. Al cumplirse dos meses de la desaparición de Jethro Ramsés Sánchez Santana, la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) exigió que el caso sea investigado como desaparición forzada, y que todos los funcionarios y ex funcionarios que tienen algún grado de responsabilidad sean sancionados, con el objetivo de eliminar la impunidad en estos casos de delitos de lesa humanidad.

El objetivo es localizar con vida a Sánchez Santana”, expresó José Martínez Cruz, vocero de la comisión, quien recordó que el joven fue detenido por policías municipales en terrenos de la feria de Cuernavaca en mayo pasado por participar en una riña.

Dijo que “un delito de lesa humanidad, como la desaparición forzada, no prescribe. Los gobiernos municipal, estatal y federal tarde o temprano serán llamados a cuentas por la justicia en el país o ante instancias internacionales, advirtió.

Por esta situación minimizó que el alcalde de Cuernavaca, el priísta Manuel Martínez Garrigós, cesara a Mauricio Vega Chavaje, titular de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano e hijo de Clemente Vega García, ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues no quedará exento de su responsabilidad histórica y jurídica por el caso de la detención y desaparición de Jethro.

“Este ex funcionario sabe perfectamente lo que significa la cadena de custodia en el caso de la detención de una persona. El funcionario policiaco que detiene a alguien es responsable de su seguridad y de su integridad personal hasta el momento mismo de su entrega formal y por escrito a la instancia ministerial correspondiente. Esto no ocurrió en el caso de Jethro al ser detenido por la policía municipal.

“Aun cuando ésta lo haya entregado a un elemento de la Policía Federal (luego estos supuestamente a militares), jamás cumplió con las disposiciones legales. Incluso, en un primer momento hubo una negativa de la autoridad para informar claramente su participación en el caso, aun cuando después haya dispuesto la comparecencia de su agente para rendir testimonio ante la Procuraduría General de Justicia.

Las horas iniciales son cruciales en una desaparición forzada. Esos momentos han resultado claves para alterar la escena de los hechos, borrar datos sustanciales, desviar y alterar las investigaciones hacia aspectos irrelevantes, lo que va configurando una serie de complicidades institucionales para eludir la responsabilidad de quienes tienen en su poder al joven y se niegan a regresarlo con vida a sus familiares”, aseveró.

Criticó que las dependencias deleguen el caso con el argumento de que no es de su competencia: la Procuraduría de Justicia del estado lo remitió a la General de la República y la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada lo trasladó a la PJM. No hay aceptación formal de la Sedena de que sus elementos participaron, por lo que inclusive se negaron a investigar y solamente decidieron coadyuvar en las pesquisas, detalló el vocero.