as instituciones de justicia texanas perpetraron ayer, por enésima vez, un asesinato judicial. La víctima en esta ocasión fue el mexicano Humberto Leal García, de 38 años, oriundo de Monterrey, y sentenciado por la violación y el homicidio de una joven de 16. La ejecución por inyección letal se llevó a cabo, pese a que la Corte Internacional de Justicia de La Haya emitió un fallo que ordenaba la suspensión de la sentencia, a contrapelo de una ley aprobada por el Capitolio para que Texas acatara la decisión de ese tribunal internacional, y a contrapelo de los exhortos de la comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay; del relator de Naciones Unidas para Ejecuciones Extrajudiciales, Chrisof Heyns; del gobierno de Barack Obama –que pidió inútilmente al gobernador de Texas, Rick Perry, que hiciera uso de sus facultades legales para suspender la orden–, y de las autoridades mexicanas.

La pena de muerte dictada contra Leal García se convirtió en un caso ilustrativo de la arbitrariedad con que ese castigo –intrínsecamente inhumano, cruel, degradante e inmoral– se aplica en diversos estados del país vecino: el ejecutado fue detenido, encarcelado, juzgado y condenado a muerte en un plazo de 24 horas –entre el 9 y el 10 de julio de 1995–, no se le informó de su derecho a la asistencia consular y las autoridades mexicanas no fueron notificadas del fallo sino hasta dos años después.

Tras conocerse la noticia del asesinato judicial cometido contra Leal García, la cancillería mexicana condenó el hecho en los términos más enérgicos y envió una nota de protesta al Departamento de Estado, en la que se señaló que la ejecución de Leal García fue un desacato a la Corte Internacional de Justicia.

El alegato es sin duda cierto y procedente. Por desgracia, en la circunstancia actual el gobierno mexicano ha perdido buena parte de la autoridad moral que detentaba como detractor de la pena de muerte. Esa pérdida se debe a la proliferación de ejecuciones extrajudiciales perpetradas en el territorio nacional por las fuerzas militares y policiales, por una estrategia que parece preferir la eliminación física de los presuntos delincuentes que su presentación ante los tribunales correspondientes, y por toda una concepción de la lucha contra la criminalidad, enunciada en múltiples ocasiones por el titular del Ejecutivo federal, en la que se niega importancia a la vida de los sospechosos. Tales enfoques han conducido a una catástrofe moral en la que la pena capital, si bien inexistente en las normativas legales nacionales, es aplicada de facto y sin juicio previo.

Así como la defensa de los connacionales que acuden a territorio estadunidense se ve minada por la insensibilidad, la corrupción y la crueldad que caracterizan el trato del gobierno federal a los migrantes extranjeros en nuestro propio territorio, la protección de los mexicanos condenados a muerte en el país vecino se debilita por una práctica policial y militar en la que ocurren homicidios de civiles y por la reticencia de las autoridades nacionales para acatar fallos de organismos internacionales de justicia y derechos humanos.