Senadores de PRI, PRD y PT demandaron al gobierno de Felipe Calderón que la Procuraduría General de la República (PGR) informe sobre los avances de la investigación que el mandatario se comprometió a realizar sobre las responsabilidades de funcionarios mexicanos en la introducción masiva de armas a México, mediante el operativo Rápido y furioso.

El perredista Arturo Núñez afirmó que Calderón ha permitido que Estados Unidos vulnere la soberanía nacional y que se haga llegar a las bandas del narcotráfico armamento de alto poder, en una operación fallida en la que el propio funcionario estadunidense responsable de aplicarla reconoció que hubo serios errores.

El senador Francisco Labastida Ochoa (PRI) dijo que es importante que la PGR deslinde responsabilidades, porque es obvio que las armas pasaron por algún punto de la frontera norte.

“Habría que ver si algunos funcionarios mexicanos sabían del operativo y no hicieron nada para impedirlo, ya que las sospechas surgen en ese sentido”, comentó a su vez el senador priísta Francisco Arroyo Vieyra.

En tanto, el senador Ricardo Monreal (PT) advirtió que la respuesta del gobierno mexicano no ha sido firme, sino más bien temerosa ante la introducción ilegal de más de 2 mil armas de alto poder. Indicó que el Congreso debe exigir a la PGR un informe sobre el avance de la indagatoria judicial, sobre todo ante las versiones del posible encubrimiento de autoridades de Estados Unidos.

Labastida consideró que además debe haber un cambio en las prioridades del gobierno federal, porque la estrategia anticrimen se centra en impedir que pase droga a Estados Unidos por la frontera norte y debiéramos estar muy preocupados porque no entren armas a nuestro territorio.

El jefe del Ejecutivo debe exigir al gobierno de Barack Obama un mayor compromiso y corresponsabilidad en la lucha contra el narcotráfico, y sancionar a los responsables de Rápido y furioso, indicó Arroyo Vieyra.

El perredista Núñez dijo que si es grave el contrabando de armas, es más grave “que hoy nos enteremos por La Jornada que las autoridades responsables ni siquiera revisaron el operativo y el gobierno mexicano ni se dio por enterado”.