Nueva York, 7 de julio. El estado de Texas ejecutó al mexicano Humberto Leal García en violación al derecho internacional, a pesar de solicitudes del gobierno de México y de la propia administración de Barack Obama de suspender la pena capital.

Leal, de 38 años, fue ejecutado a las 18:21 horas en la cámara de la muerte de la prisión estatal en Huntsville. Es la séptima persona ajusticiada ahí por el gobierno texano en lo que va del año.

En sus últimos minutos, Leal aceptó responsabilidad por sus actos y dijo arrepentirse por lo que hice. Justo antes de recibir la inyección de veneno, expresó: una cosa más, y gritó dos veces: viva México. Diez minutos después fue declarado muerto, reportó la agencia Ap.

Hasta las últimas horas, la vida de Leal estaba en manos de la Suprema Corte de Estados Unidos, la cual atendía peticiones de los abogados defensores, los gobiernos de México y de otros países, la Organización de Naciones Unidas y el propio gobierno de Obama de suspender la ejecución, con el argumento de que la condena violaba la Convención de Viena –la cual obliga a las autoridades a informar a un detenido extranjero que tiene derecho a solicitar asistencia del consulado de su país de origen– y, por tanto, tendría serias implicaciones para la política exterior de Washington.

El Departamento de Justicia, en una acción poco usual, intervino en el caso la semana pasada al solicitar a la Suprema Corte postergar la ejecución por seis meses para permitir que el Congreso evaluara un proyecto de ley que obligaría a los tribunales estadunidenses a revisar todo caso en el que extranjeros condenados no recibieron asistencia consular, como estipula la Convención de Viena. El proyecto fue impulsado por el senador demócrata Patrick Leahy.

No habría sido condenado

Una abogada del mexicano ejecutado, la profesora de leyes Sandra Babcock, declaró que ese proyecto de ley ofrecería a Leal una oportunidad para demostrar que, con asistencia consular, probablemente no habría sido condenado, y mucho menos a muerte.

El gobierno de Obama argumentó que proceder con la ejecución y violar así la Convención de Viena pone en riesgo a estadunidenses arrestados en el extranjero, ya que será más difícil argumentar que esos gobiernos deben respetar el mismo tratado si no es aplicado en Estados Unidos.

El abogado del Departamento de Justicia ante el máximo tribunal, Donald Verrilli, sostuvo que la ejecución podría tener graves repercusiones y causar daños irreparables en las relaciones internacionales de Estados Unidos, por lo cual se debería aplazar, con el fin de permitir que el Congreso considerara el proyecto de ley. Ex militares de alto rango, ex jueces, ex altos funcionarios estadunidenses se sumaron a esta posición.

Pero aproximadamente una hora antes de la ejecución, la Suprema Corte votó dividida cinco contra cuatro por permitir que la pena capital procediera; la mayoría, compuesta por sus integrantes más conservadores, rechazó los argumentos en contra.

En la resolución se afirmó que no es apropiado detener un fallo de un tribunal más bajo a la luz de legislación no promulgada. Nuestra labor es fallar sobre lo que es la ley ahora, no sobre lo que podría ser. Además, se rechazó el argumento sobre posibles consecuencias internacionales.

Los cuatro jueces disidentes, del ala centro liberal, favorecían suspender la ejecución, y criticaron a la mayoría por ignorar la apelación del presidente en un asunto relacionado con asuntos exteriores, cuestionaron la lógica de la decisión y expresaron su malestar de que no se aceptó la solicitud de los cuatro de postergar la pena capital con el fin de evaluar el caso en septiembre.

El senador Leahy también criticó la decisión de la Suprema Corte. Reiteró que los estadunidenses detenidos en el extranjero dependen de su acceso a los consulados de su país. Si esperamos que otras naciones cumplan con los tratados de los cuales son parte, Estados Unidos también debe honrar sus obligaciones.

Esta noche, la abogada Babcock afirmó que este caso no se trataba sólo de un nacional mexicano en la fila de la muerte en Texas. La ejecución de Leal viola los compromisos de Estados Unidos de cumplir con los tratados, amenaza los intereses de política exterior de esta nación y mina la seguridad de todos los estadunidenses en el extranjero, reportó la agencia Ap.

Sin recibir apoyo consular, el mexicano Humberto Leal García fue declarado culpable de violar y asesinar a una adolescenteFoto Reuters

Washington ha citado el tratado en varios momentos ante otros gobiernos para asistir a sus ciudadanos: en la crisis de los rehenes de 1979, presentó una demanda contra Irán ante el Tribunal Internacional de Justicia por violar este mismo tratado, la cual ganó.

En 2004, el mismo tribunal falló contra Estados Unidos en una demanda por los casos de unos 50 mexicanos en la llamada fila de la muerte, y ordenó su evaluación para determinar si fueron respetados los derechos otorgados por la Convención de Viena, empezando con el del mexicano José Medellín.

En 2005, el gobierno de George W. Bush reconoció el fallo del Tribunal Internacional de Justicia, pero Texas disputó la orden y llevó el asunto ante la Suprema Corte, la cual anuló la orden de Bush y con ello el fallo internacional en 2008. José Medellín fue ejecutado poco después.

En asuntos internos, el gobierno de Texas, el más activo en aplicar la pena de muerte en el país, ha rehusado aceptar la validez de la ley internacional y de tribunales multinacionales.

Leal fue condenado a muerte por violar y asesinar a una adolescente en 1994 en San Antonio, Texas. La familia de éste se mudó de Monterrey a Estados Unidos cuando él era niño. Más de 40 mexicanos están a la espera de la justicia en las filas de la muerte en este país.

De la Redacción

El gobierno de México condenó en los términos más enérgicos la ejecución de Humberto Leal García, efectuada en Huntsville, Texas, pues se desacató el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el caso Avena, que ordenó la revisión y reconsideración judicial de la pena impuesta.

Mediante un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que envió una nota de protesta al Departamento de Estado de Estados Unidos por esta violación al derecho internacional, en la que manifiesta su preocupación por el precedente negativo que este caso sienta para el resto de los connacionales incluidos en el fallo de la CIJ y para los derechos de los mexicanos que sean detenidos en ese país.

El gobierno de México deploró la decisión del gobernador de Texas, Rick Perry, de no ejercer su facultad legal de suspender la ejecución de Leal García con el fin de permitir que se cumpliera el resolutivo de esa Corte, como solicitaron representantes del gobierno calderonista, de otros estados, de organismos internacionales de derechos humanos y de organizaciones sociales.

La cancillería recordó que en el momento de la detención de Leal, las autoridades de Texas no le informaron de su derecho a comunicarse con la representación consular de México, lo que violentó el artículo 36 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, de la que ambos países son parte.

Recordó que para impulsar el cumplimiento de la resolución del caso Avena, desplegó un intenso activismo ante actores clave del Congreso estadunidense.

Señaló que recientemente se presentó en el Senado una iniciativa que permitiría atender el fallo del caso Avena de conformidad con el derecho estadunidense, por lo cual la ejecución de Leal García resulta aún más preocupante.

La cancillería recordó que la defensa del mexicano y ella misma agotaron todas las instancias legales a su alcance, tanto internas como internacionales, con el fin de obtener la revisión y reconsideración del caso conforme a lo ordenado por la CIJ.

Refirió así que la propia dependencia y el embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, enviaron comunicaciones al gobernador de Texas para subrayar la importancia de cumplir con las obligaciones internacionales en materia de notificación consular.

Puntualizó que Sarukhán buscó telefónicamente a Perry, pero el gobernador de Texas no le tomó la llamada.

Tras la ejecución del connacional, la SRE dijo que el gobierno de México reconoce ampliamente la voluntad mostrada por el presidente Barack Obama al haber realizado gestiones al más alto nivel ante las autoridades de Texas y haber presentado adicionalmente un escrito como amigo de la Corte en apoyo al último recurso interpuesto por la defensa de Leal.

Agregó que continuará instando a Estados Unidos a cumplir con la obligación de revisar y reconsiderar las condenas y las sentencias a muerte de los demás mexicanos incluidas en el fallo Avena, y garantizar el derecho a la notificación consular que debe tener toda persona en el exterior.