Activistas y defensores de derechos humanos en Chiapas denuncian hostigamiento judicial y reiteradas amenazas de cárcel. El Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa declaró en Tonalá, Chiapas, que el Estado mexicano, y en particular el gobierno estatal, utilizan el sistema judicial para perseguir, hostigar, encarcelar a defensores de derechos humanos y a sus familiares. Esto, al informar sobre el recrudecido hostigamiento contra los defensores en la entidad, en particular hacia Nataniel Hernández Núñez, director del centro.

En tanto, en San Cristóbal de las Casas, la activista Concepción Avendaño Villafuerte también fue citada por la Procuraduría General de la República (PGR) esta semana, en relación con una protesta que realizó meses atrás durante una gira del presidente Felipe Calderón a la entidad. A esto se suman hostigamientos y acusaciones recientes contra periodistas en Tuxtla Gutiérrez y el encarcelamiento durante varias semanas del abogado defensor de la comunidad Juan de Grijalva, en el municipio de Ostuacán, quien finalmente fue liberado.

Además de que Hernández Núñez tiene abiertos varios procesos judiciales desde febrero y marzo, los cuales podrían reactivarse en fecha próxima, agentes de la PGR se presentaron en el domicilio de los padres del abogado para entregarles citatorios de diligencia penal.

Bersaín Hernández Zavala y Guadalupe Núñez Salazar, conocidos luchadores sociales desde hace décadas, fundadores del histórico Frente Cívico Tonalteco, estarían siendo investigados por participar en las protestas que el 2 de marzo consiguieron la liberación de su hijo Nataniel, detenido por la Policía Federal. El centro Digna Ochoa externó su preocupación por la amenaza constante contra la familia de nuestro director, quien en varias ocasiones ha sido detenido y encarcelado por delitos falsos.

Farsa jurídica

Por su parte, el Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, adherente de la otra campaña, anunció su respaldo total al abogado y a sus padres. Son parte del consejo y no están solos, son trabajadores y luchadores sociales ampliamente conocidos en todo el estado, y han caminado junto a los pueblos y la gente. Añade que Bersaín se encuentra enfermo, y se ha agravado por la persecución de parte de los gobiernos federal, estatal y municipal.

Desde Tapachula, también en la costa, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, que inicialmente llevó la defensa de Hernández Núñez, y conoce bien los expedientes de su caso, los de otros dos abogados y varios miembros del consejo regional, detenidos en febrero y marzo, expresó: Por el contexto en que se dan las acusaciones contra el compañero, el arresto, el encarcelamiento y el proceso penal, no fue muy complicado constatar que jefes policiacos, un agente del Ministerio Público (MP), así como la jefa de asuntos jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, utilizaron instituciones encargadas de impartir justicia para reprimir a un defensor de derechos humanos.

El Fray Matías de Córdova detalla inconsistencias y contradicciones de la averiguación previa iniciada por el agente del MP Carlos Ruperto Sánchez, adscrito a la Fiscalía Istmo-Costa de la procuraduría estatal: testimonios extraídos con amenazas o tortura, acusaciones contradictorias o literalmente idénticas de distintos testigos. Señalar a Hernández Núñez era la consigna judicial. Todo, en el contexto de una protesta del Consejo Regional el 22 de febrero, que fue reprimida.

El análisis concluye que “se utilizaron formatos para fabricar ‘pruebas’ contra Nataniel Hernández”. El fiscal “echó mano de distintas probanzas ad hoc para inculparlo dolosamente e intenta sostener una farsa jurídica para perseguir y castigar, no ya un delito, sino a un defensor de derechos humanos”. Según el centro tapachulteco, una justicia que persigue defensores, que se basa en pruebas fabricadas, consignaciones e inculpaciones de oficio, no es justicia.