Los 41 homicidios registrados en las ciudades de Monterrey, Nuevo León (20); Torreón, Coahuila (10, decapitados), y en Chalco, estado de México (11), se dan en el contexto de una competencia mortal e irracional entre bandas delincuenciales que deben ser sometidas, y que son identificadas como los cárteles de Los Zetas, Golfo, Sinaloa y La Familia, afirmó Alejandro Poiré Romero, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional.

Durante una conferencia de prensa ofrecida en la residencia oficial de Los Pinos, dio a conocer la condena que el gobierno federal realizó tras los asesinatos.

El funcionario señaló que “en Nuevo León y otras entidades del noreste, desde el año pasado las organizaciones criminales del Golfo y Los Zetas escenifican una absurda guerra a muerte por las plazas para controlar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, que antes del año 2010 compartían”.

Añadió: “esta lucha absurda entre delincuentes también se ha dado en otras entidades, como Coahuila, en este caso entre Los Zetas y la organización criminal del Pacífico, y en algunas regiones del estado de México existe también una pugna entre los Caballeros Templarios, grupo antes llamado La Familia, y la organización delictiva de Los Zetas”.

Indicó que desde la perspectiva gubernamental la violencia es producto de esta rivalidad criminal, caracterizada por su desconfianza, por la venganza, por el intento de controlar las actividades ilegales de una comunidad, y con ello hacerse de las ganancias, no solamente que provienen de esa práctica delincuencial, sino también del posible control del trasiego de drogas hacia Estados Unidos.

Es por ello, apuntó, que la violencia no se detendrá dejando de combatir a los criminales. Por el contrario, disminuirá en la medida en que seamos capaces de acelerar el debilitamiento de las bandas que la producen. Habrá menos violencia en la medida en que avancemos más aprisa en llevar a los delincuentes a la justicia, porque aún ahora, como muestran estos lamentables actos, hay quienes suponen que serán impunes sus delitos.

Exhortó a las autoridades ministeriales de las entidades mencionadas a que en el contexto de los acuerdos firmados en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, se tenga el debido cuidado para preservar la identidad y memoria de las víctimas, y se atienda debidamente a los deudos.

Dijo: las acciones repugnantes observadas en estas tres entidades nos recuerdan la urgencia de estrechar la corresponsabilidad y coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Y nos conducen también a la urgencia de apretar el paso en la construcción de autoridades locales de seguridad y de justicia más capacitadas y confiables que rindan mejores cuentas a los ciudadanos.

Según Poiré, el homicidio a mansalva dejará de ser una estrategia viable para las bandas delincuenciales cuando aceleremos su debilitamiento. Pero también cuando para cada caso de homicidio exista un culpable identificado, procesado y con una sentencia condenatoria. Es decir, conforme vayamos abatiendo la impunidad debemos de ser muy claros: no habrá seguridad auténtica y duradera mientras las comunidades carezcan de corporaciones que pongan un freno efectivo a la delincuencia.