La Secretaría de Gobernación (SG) defendió la participación de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia, y afirmó que la presencia de militares o policías en diversas regiones del país no es la causa de los recientes enfrentamientos, sino la lucha de las bandas por el control de territorios.

“Esta temporalidad de las fuerzas armadas, como soporte de las autoridades civiles, se mide en estricta relación a que las autoridades municipales y estatales escalen sus competencias. Los recientes incidentes, como los incendios de vehículos y bloqueos (en Michoacán) son acciones del crimen organizado que no tienen nada que ver con la participación de las fuerzas armadas, sino con un modus operandi de la delincuencia que estamos debilitando”, señaló Juan Marcos Gutiérrez, subsecretario de Gobierno de la dependencia.

En paralelo a esta continuidad de operativos, en los que integrantes de las fuerzas armadas realizan labores policiales, Gobernación ofrece fortalecer los planes de atención a víctimas, así como abrir la participación a la sociedad en la elaboración del proyecto de la ley de reparación del daño.

El mensaje sigue siendo claro: la participación de las fuerzas armadas es temporal y subsidiaria. Necesitamos la colaboración de los tres niveles de gobierno y de instancias internacionales para caminar hacia la construcción de mejores policías e instituciones en los estados, que nos permitan generar condiciones para retirar a las fuerzas armadas, señaló por su parte Felipe Zamora, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de Gobernación.

Ante el señalamiento de que diversas instancias de la sociedad, nacionales y extranjeras, exigen un viraje en la estrategia de seguridad del gobierno de Felipe Calderón, el funcionario argumentó: También hay muchas instancias y organizaciones internacionales, como la oficina de las Naciones Unidas para el combate a las drogas y al delito que han venido apoyando este tipo de políticas.

Recordemos –añadió– que el combate frontal a la delincuencia es sólo una de las líneas de atención; además, tenemos que caminar en paralelo en la reconstrucción de nuestras instituciones, desde sus fundamentos jurídicos y operativos, así como la reintegración del tejido social.

Cualquiera de las tres líneas que estoy proponiendo no podrían funcionar si sólo intentamos una. Las tres deben caminar juntas, dijo en entrevista realizada en instalaciones de la SG.

–¿Coincide con el mensaje de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de que en México es necesario someter a los militares a los tribunales civiles?

–Vamos a esperar el informe. En esta semana la alta comisionada tuvo encuentros tanto con representantes del gobierno federal como de gobiernos estatales y organizaciones sociales, y esperaremos que nos dé sus líneas definitivas sobre el caso.

–¿El proyecto de dictamen de la Ley de Seguridad Nacional, que estudia actualmente una subcomisión en la Cámara de Diputados, prevé cambios en esta materia, para que los militares sean juzgados por tribunales civiles?

–Hay un proyecto que ya presentó el presidente Calderón de reformas a la jurisdicción militar. Se plantea una modificación al artículo 57 del Código de Justicia Militar; en la propuesta que está sobre la mesa para la discusión se eliminan los conceptos de tortura, violación sexual y malos tratos, para que en esos casos siempre sea jurisdicción civil.

–¿Qué oferta, en concreto, hace usted –responsable de la política de derechos humanos del gobierno federal– para la reparación del daño cometido por fuerzas federales?

–El entramado legal ha ido avanzando y se construye como consecuencia del nuevo artículo primero de la Constitución; y tenemos un artículo transitorio que nos obliga a que en un habrá una ley de reparación del daño.