Es urgente que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) establezca un convenio de coordinación permanente con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el propósito de intercambiar información y verificar la situación patrimonial de jueces, magistrados y todos los integrantes del Poder Judicial, para evitar casos de corrupción.

La propuesta forma parte de un dictamen que la Comisión Permanente votará el próximo miércoles, en el que se señala que en un país que enfrenta una ola de criminalidad, violencia e impunidad, casos como el del secretario del juzgado noveno de distrito en materia administrativa, Esiquio Martínez, a quien detectaron cuentas bancarias por más de 432 millones de pesos, no pueden pasar de largo.

Autor de la propuesta, el senador perredista Tomás Torres dijo que ese y otros acontecimientos confirman que en el Poder Judicial federal y en los locales, fenómenos como el enriquecimiento ilícito, el cohecho o el nepotismo son cada vez más comunes.

Recalcó que es preciso castigar con todo rigor la corrupción y deslealtad de quienes integran las instituciones, sobre todo de quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia.

En el dictamen se señala que fue el propio Consejo de la Judicatura Federal el que presentó una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de Esiquio Martínez Hernández, tras detectarse que en los últimos años obtuvo ingresos superiores a sus percepciones como servidor público. En su declaración impositiva manifestó ingresos por 5 millones 444 mil 814 pesos con 25 centavos (de 2005 a 2010), pero en una sola de sus cuentas bancarias registró movimientos por 432 millones 536 mil 378 pesos con 37 centavos.

Diversos órganos judiciales son objeto de señalamientos que implican corrupción de algunos de sus integrantes, lo que, como es obvio, mina la confianza de la ciudadanía, dijo.

Asimismo, señaló que la Comisión Permanente “está convencida de que mantener la confianza de la sociedad en la actuación de las instituciones que procuran y administran justicia es un elemento imprescindible para recuperar las condiciones de paz social y seguridad pública, vulneradas por el fenómeno de violencia que impera en el país.

El delito de Martínez Hernández se detectó por la colaboración entre autoridades judiciales y hacendarias, por lo que ésta debe ser permanente, a fin de detectar a tiempo casos de corrupción o de mal ejercicio del servicio público.