n una decisión histórica, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó por unanimidad que los casos de efectivos castrenses involucrados en violaciones a los derechos humanos sean procesados por jueces del ámbito civil, no por la justicia militar. La decisión se inscribe en el contexto del análisis del Poder Judicial sobre la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIHD) respecto del caso de Rosendo Radilla –dirigente campesino detenido y desaparecido por militares en 1974–, en la cual se insta al Estado mexicano a reparar el daño provocado y se señala que la jurisdicción militar no debe aplicarse a cualquier violación de garantías fundamentales cometida contra la población civil.

Los criterios establecidos por la SCJN en su votación de ayer representan un avance en la adecuación de los procesos judiciales para la preservación de las garantías fundamentales, y el propio máximo tribunal restaña en alguna medida, con la determinación referida, el daño provocado a su propia imagen por un historial de resoluciones previas en las que no había mostrado voluntad para hacer prevalecer esos derechos. Por añadidura, es de celebrar que los magistrados hayan mostrado altura de miras y sentido común al atender un reclamo de instancias internacionales, organismos defensores de los derechos humanos y amplios sectores de la población: independientemente del funcionamiento de los organismos castrenses de impartición de justicia, es claro que éstos no deben ni pueden quedar al margen de principios jurídicos generales –uno de los cuales es el cumplimiento obligatorio de los tratados internacionales firmados por el país: en este caso, las convenciones de derechos humanos y la jurisdicción de la CIDH–, y que tampoco es correcto que el mando castrense ejerza, al mismo tiempo, poderes ejecutivos y judiciales sobre los uniformados involucrados en atropellos contra la población.

Sin embargo, no puede dejar de señalarse que la trascendencia de la resolución adoptada por la Corte es un reflejo de omisiones inadmisibles en que han incurrido los representantes de los otros poderes de la Unión. Hasta ahora, a pesar de las exigencias y recomendaciones de organismos humanitarios internacionales y de la propia CIDH, el Legislativo ha sido omiso en la adecuación del marco legal que regula la justicia militar y en la consecuente supresión del fuero castrense para delitos cometidos contra civiles, y con ello ha dejado abierto un amplio margen para la impunidad y para la desprotección de la población. Lo menos que puede esperarse tras la votación de ayer en la SCJN es que el país cuente, cuanto antes, con un marco legal que respalde el sentido de esta resolución judicial.

Asimismo, no puede soslayarse que esta decisión ocurre en un contexto en que el despliegue de las fuerzas armadas ordenado por el Ejecutivo federal para combatir a la delincuencia organizada ha terminado por imponer un clima de riesgo para la comisión de numerosas infracciones a las garantías individuales por parte de las corporaciones militares y policiales en general. En tal perspectiva, un paso obligado por parte del gobierno federal sería la rectificación de la actual estrategia de seguridad y la desmilitarización de la vida pública, a efecto de reducir la posibilidad de que soldados, marinos y policías federales sigan cometiendo tropelías contra la gente.

El Poder Judicial, por último, tiene la obligación de dar seguimiento y continuidad a la decisión adoptada por sus propios miembros; de garantizar la aplicación de los criterios establecidos y de erradicar de sus filas el conjunto de malas prácticas y elementos que distorsionan e incluso imposibilitan la impartición de justicia en el país. Y es que no puede olvidarse que muchos casos de violación a los derechos humanos por parte de servidores públicos han alcanzado la impunidad a partir de inexplicables sentencias judiciales, y que en no pocos casos, opositores políticos, sindicalistas, activistas sociales y otros actores han visto vulneradas sus garantías por policías, agentes del Ministerio Público y jueces sin escrúpulos. Es desable y necesario, por tanto, que se corrijan esos vicios, pues de otra forma difícilmente se logrará que el paso positivo adoptado ayer en lo formal tenga efecto en la realidad.