Ayer tuvo su primera reunión de trabajo del recién creado consejo asesor del Marco Jurídico de la Cultura en México, solicitado por la Comisión de Cultura de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, donde se habló de sus líneas de acción.

Los siete integrantes son personas ajenas al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y sus institutos. Ellos son: Lucina Jiménez, Hilda Trujillo, Eduardo Cruz Vázquez, Renato González Mello, Renán Guillermo González, Rafael Mesa Iturbide y Jorge Sánchez Cordero.

A más de un año para que termina esa legislatura, la diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Cultura, hizo votos para que el consejo asesor, que sesionará una vez al mes, avance hacia una propuesta. Reconoció, no obstante, que mientras más tiempo pase para una legislatura, sin duda es más compleja la aprobación.

Lucina Jiménez, por su parte, fue muy clara al señalar que la cultura requiere de tiempos más largos y, por tanto, nos interesa subrayar que el trabajo que realiza el consejo asesor no estará subordinado a los tiempos políticos, porque hay de por medio una responsabilidad muy grande frente a un sector que tiene una gran diversidad y riqueza.

Es probable, entonces, que una sola legislatura no sea suficiente para concluir con el marco jurídico adecuado. Tampoco buscan ser un órgano permanente.

Sánchez Cordero recordó que la reforma constitucional del artículo cuarto, párrafo noveno, dispone que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como al ejercicio de sus derechos culturales. Mientras el 73, fracción XXIX-Ñ enuncia la facultad del Congreso para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación, los estados, los municipios y el Distrito Federal coordinarán sus acciones en materia de cultura, salvo lo dispuesto en la fracción XXV de este artículo.

Y como no se pretende partir de cero, el consejo asesor revisará todos los materiales generados en los foros que al respecto se desarrollaron a lo largo de una década.

Por la mañana, López Rabadán se reunió con representantes de la comunidad dancística que le solicitaron la ampliación del artículo 226 bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con la finalidad de que se canalice un crédito fiscal para la danza. La diputada, quien ya había presentado una iniciativa, dijo: de aprobarse estamos hablando de más de 300 millones de pesos. Eso, agregó, es una oportunidad este año también para literatura y artes plásticas.