contrapelo de los llamados del gobierno federal para hacer de 2011 el año del turismo, ha tenido lugar un severo deterioro de la actividad turística nacional: entre enero y mayo pasados, los ingresos de divisas por este rubro ascendieron a 5 mil 225.7 millones de dólares, 5.9 por ciento menos que en el mismo periodo de 2010 y 0.2 por ciento menos que en los primeros cinco meses de 2009, este último considerado el peor año en la historia de esa actividad para el país. Tanto más significativo resulta el dato sobre el número de viajeros que ingresaron al país en el lapso de referencia –32 millones 58 mil–, que se sitúa en el peor nivel en los recientes 20 años.

El contexto ineludible de este deterioro en la llamada industria sin chimeneas es una cascada de alertas emitidas por el gobierno estadunidense y por los de naciones europeas, como España y Francia, que invitan a no viajar a nuestro país. La diferencia sustancial entre lo ocurrido hace dos años –cuando también se produjeron múltiples advertencias sobre los riesgos de visitar México por parte de gobiernos extranjeros– y el momento presente es que los llamamientos de entonces tuvieron el telón de fondo de la crisis sanitaria por los brotes de influenza humana y de los descalabros económicos originados en el sistema financiero de Estados Unidos: ahora, en cambio, el componente central de las alertas de viaje a México es el panorama de inseguridad y violencia que se abate en el territorio nacional, cuyo saldo mortal asciende a más de 40 mil víctimas, y que ha arrojado –a pesar de los llamados del calderonismo a su cuerpo diplomático a hablar bien de México en el exterior– la percepción internacional de que el país en su conjunto vive un panorama de pérdida de paz interna y de amenaza constante a la seguridad pública.

A lo que puede verse, este paroxismo de violencia e inseguridad ha trastocado severamente una actividad económica que es considerada la tercera fuente de divisas en el país, sólo por detrás del petróleo y las remesas. Adicionalmente, si se toma en cuenta el peso específico de factores exógenos en la configuración de estas dos últimas fuentes de ingresos –las cotizaciones internacionales, en el caso de las ventas de crudo; los ciclos económicos internacionales, en el de las remesas–, es claro que el desarrollo de la industria turística nacional debiera constituir, en el contexto de una economía cada vez más volcada al sector servicios, una importante palanca de desarrollo para el México del siglo XXI. El desplome revelado en los datos referidos, en cambio, confirma un declive nacional que afecta la normalidad institucional, la observancia de los derechos humanos, a la seguridad de las personas y, desde luego, los sectores más importantes de la economía formal.

En contraste con este retroceso en la actividad turística, cada día surgen más indicadores que confirman la importancia del narcotráfico en cuanto a su dimensión económica: vistos fríamente, los datos sobre el número de empleos generados –alrededor de 600 mil, según estimaciones de académicos– y sobre las ganancias obtenidas por los cárteles, permiten ubicar el trasiego, producción y venta de estupefacientes ilícitos como uno de los sectores económicos más dinámicos y pujantes en el terreno económico.

Ante esa perspectiva, y por incómodo que resulte, es necesario que el gobierno calderonista se plantee si vale la pena persistir en una política de seguridad que, además de fallar en su pretendido objetivo de restablecer la legalidad y el estado de derecho en el territorio, ha tenido efectos económicos tan contradictorios y desoladores como los referidos.