Cuando sale el soldado del cuartel no está pensando en ver cómo molesta a la sociedad o cómo violenta sus derechos humanos; va pensando en qué debe hacer para regresar lo más limpio posible, porque de no ser así y si recibe una queja en su contra, ésta va a tener repercusión inmediata en su vida personal, en su vida profesional y en su vida institucional, sostiene el coronel de justicia militar Aníbal Trujillo Sánchez.

En entrevista con La Jornada, el encargado de las relaciones entre la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacionala (Sedena) y organismos internacionales afirma que la dependencia es sensible al incremento de quejas en contra del personal que participa en el combate al narcotráfico y al crimen organizado: de ocho demandas en diciembre de 2006 se ha pasado a 5 mil 200, que se han traducido en 81 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Por ello, la Sedena diseñó e implementó junto con la CNDH el Programa Integral de Derechos Humanos 2008-2012,  que es el más grande de su tipo a escala mundial, afirma.

Representante de la Sedena en los cuatro juicios (dos por violación a mujeres, por la desaparición forzada de Rosendo Radilla y por la detención de los ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel) en los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a México –entre otras cosas– a modificar el Código Militar para que sean tribunales del fuero común los que juzguen a soldados cuando cometan delitos contra civiles, el coronel Trujillo cuestiona dichos fallos al afirmar que la constitucionalidad del citado código no era materia de la litis.

Y como ese tema no fue discutido en las audiencias de la CIDH, la Sedena ni siquiera tuvo oportunidad de fijar su postura al respecto, añade.

Entrevistado antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abriera la puerta para que los militares que violen derechos humanos de civiles sean juzgados en el fuero común, el coronel Trujillo advirtió que la Sedena no está casada con ninguna postura.

Por otra parte, señala en el sexenio anterior la mayoría de las quejas presentadas contra la Sedena eran de los propios soldados, por la mala prestación de servicios de seguridad social.

Se da el cambio cuando se inicia este combate frontal al narcotráfico y a la delincuencia organizada; sí hay una coincidencia en este sentido. Hay un incremento importante sobre el número de quejas, que las estadísticas así lo presentan, y hoy en día se destacan aquellas en los rubros de detenciones ilegales, violación del derecho a la vida, cateos, abuso de autoridad y lesiones, y subsisten también cuestiones de deficiencias en servicios de seguridad social.

Este programa, dice, ofrece una capacitación óptima que va desde preparar al soldado para su primer contacto con la ciudadanía en un puesto de control, hasta atender los asuntos relacionados con militares que son revisados por la CIDH y otros organismos internacionales en la materia.

–Una queja recurrente en contra de los soldados es por cateos ilícitos y por detener personas en flagrancia.

–La participación del personal militar en esta misión se lleva a cabo en un marco legal de la detención del individuo en flagrancia delictual. Dentro del programa de capacitación, al personal militar se le indica cuál es el marco legal en el que debe actuar. Se insiste en que esta participación en colaboración con las autoridades civiles debe ser en flagrancia delictual, es decir, que la persona sea sorprendida al momento de cometer el delito, como posesión de drogas o de arma de fuego.

Explica que el cateo se da en dos situaciones: cuando la autoridad requiere el apoyo de personal militar para un cateo, y en esa circunstancia el personal castrense apoya; y en otra cuando los soldados se percatan de una flagrancia delictual, y para continuar con ese seguimiento del asunto llega el momento en que se entra a una propiedad privada; regularmente se indica a los habitantes y se les pide el acceso.

Se dan casos en los que al personal militar no se le permite el acceso, por lo que éste se retira, se mantiene a distancia y requiere la acción de la autoridad competente. Aunque, admite, en estos casos (de cateos) también tenemos quejas.

Respecto de las quejas por privación ilegal de la vida, la mayoría de los casos ocurren cuando el personal militar responde a agresiones por su participación en contra del narcotráfico. Es lo que se conoce como daños colaterales, indica.

Cuando esto sucede, añade, la Sedena atiende inmediatamente el asunto; antes de que se determine incluso el origen del arma que disparó, sea de un militar o de los agresores. Si la persona fallece, inmediatamente se establece contacto con los familiares, y en colaboración con la Secretaría de Gobernación se ofrece a deudos de las víctimas los máximos beneficios posibles.

Cuando hay actuación indebida del personal militar en estos hechos, se inicia la averiguación previa correspondiente.

–¿Una cosa es la indemnización en el aspecto administrativo y otra la averiguación en contra del personal involucrado?

–Son cuestiones totalmente distintas. La indemnización la atiende la Sedena como un  asunto administrativo; la investigación de los hechos y el eventual castigo de los responsables es otra cosa, porque ahí interviene la maquinaria de la procuración y administración de justicia y el fuero de guerra.

Trujillo Sánchez rechaza que el aumento de quejas contra soldados que participan en funciones de labor pública se deba al cansancio y desgaste de la tropa por más de cuatro años de continuo combate a la delincuencia.

En cambio, destaca la importancia del programa de derechos humanos para sensibilizar al personal en respetar en todo momento a la ciudadanía y, además, como forma de evitar verse involucrado en demandas que ponen en riesgo su propia carrera profesional y personal en el Ejército.

Concluye que para estos días el 100 por ciento del personal militar habrá completado alguno de los cursos sobre derechos humanos, lo que demuestra el compromiso de la dependencia con este tema.