a crisis capitalista que estalló por el crack financiero de Wall Street a finales de 2008, extendida a Europa con graves consecuencias, ha conducido a una brutal ofensiva contra los derechos sociales que habían sobrevivido a las primeras olas de reformas neoliberales. Como había demostrado Naomi Klein en La doctrina del shock, las elites financieras aprovechan los estados de conmoción creados por crisis económicas o guerras coloniales (caso de Irak) para suprimir las conquistas de los trabajadores y los pilares de la independencia de los estados. En fin de cuentas, se trata de cumplir al pie de la letra un postulado predilecto del ignominiosamente célebre Milton Freedman.
El académico ultraconservador, fundador de la Escuela de Chicago, sostenía: “Sólo una crisis –real o percibida– produce verdaderos cambios. Cuando la crisis ocurre, las acciones que son tomadas dependen de las ideas circundantes. Esa, creo, es nuestra función básica: desarrollar alternativas a las políticas existentes para mantenerlas vivas y disponibles hasta que lo políticamente imposible se convierta en políticamente inevitable.” El Chile de Pinochet es ejemplo vivo de este pensamiento aplicado con devota ortodoxia, como lo fue posteriormente América Latina, con excepción de Cuba. Igualmente, los países de Europa oriental después del derrumbe del socialismo real.
Pero en los tres últimos años los señores del dinero se lanzaron al despojo sin contemplaciones de millones de trabajadores, pensionados y jóvenes en Estados Unidos y la Europa del euro. En América Latina, sin embargo, estalló y se fortalece a partir de los años 90 la rebelión antineoliberal y antihegemónica, cuyo eco llega ya a Medio Oriente, Europa y el propio Estados Unidos.
En Estados Unidos desde hace tres décadas se ha reducido cada vez más la parte del pastel que le tocaba al pueblo al congelarse los salarios reales y recortar o suprimir los impuestos a los millonarios y las corporaciones. En ese periodo virtualmente todos los beneficios del crecimiento económico han ido a parar al uno por ciento más rico de la población. La economía basada en el consumo, más mal que bien continuó funcionando vía tarjetas de crédito y el precio hiperinflado de las casas, pero después del estallido de 2008 ese espejismo no volverá. La crisis lanzó a la calle a cientos de miles todos los meses hasta alcanzar la cifra de unos 25 millones de desempleados, igual o superior a la de la Gran Depresión.
No conforme con esto, la plutocracia del país del norte ha lanzado una arremetida contra los pocos sindicatos independientes que quedan y los derechos humanos elementales después de la apabullante derrota demócrata en las elecciones de medio término de 2010. De repente, se incrementó la aprobación en cascada en las legislaturas de los estados con gobernador y mayoría republicanos en las cámaras, de las leyes más reaccionarias imaginables. Al parecer copiadas unas de otras, estaban dirigidas a privar de fondos y destruir a los sindicatos e impedir que surjan otros nuevos, suprimir el derecho de los trabajadores a la contratación colectiva, reducir las pensiones, enajenar a los estados de sus derechos recaudatorios, suprimir masivamente impuestos a las corporaciones, recortar los presupuestos de educación y salud y relajar las leyes sobre el control de calidad en las grandes compañías. Esta ofensiva va acompañada, como en Europa, de una operación mediática encaminada a hacer creer a la gente que el desempleo es consecuencia del déficit de los presupuestos federal y estatales, de los parásitos y codiciosos
empleados públicos y de los extranjeros. De esta manera se desvía la atención de las verdaderas causas: la especulación desenfrenada, la guerra y las ganancias estratósféricas de las corporaciones y sus ejecutivos.
Hete aquí que ALECexposed.org muestra en su sitio web la existencia de ALEC, un gran tanque pensante de ultraderecha de cuyo horno salen las plantillas de las mencionadas leyes, en proceso de extensión a los estados de predominio demócrata. Con 100 legisladores republicanos y las más grandes corporaciones en sus órganos directivos, ninguno de los gobernadores y políticos invitados se ha quejado de sus seminarios todo pagado en los centros turísticos más exclusivos de Estados Unidos, con la mayor parte del tiempo dedicado a las delicias de la buena mesa, el golf, los paseos en yate y apenas dos horas para debatir lo que interesa a los anfitriones incluir en las leyes.
