Al refrendar su solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que emita medidas cautelares a los gobiernos de México, El Salvador, Guatemala, Honduras y Ecuador para que atiendan, orienten y garanticen la integridad de los familiares de los migrantes asesinados, secuestrados o desaparecidos en su tránsito hacia Estados Unidos –entre los que destacan las 72 personas masacradas en agosto de 2010 en el municipio de San Fernando, Tamaulipas–, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, destacó que el gobierno de México no ha logrado evitar la repetición de este tipo de hechos, ya considerados como sistemáticos y generalizados.

Durante una conferencia de prensa previa a su reunión con el relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para los Trabajadores Migratorios y sus Familias, Felipe González Morales, el ombudsman capitalino detalló que los procesos de identificación de las víctimas han sido lentos y erráticos, lo que genera una violación a los derechos humanos de sus deudos, como en el caso de dos familias hondureñas que recibieron cuerpos de personas que no eran sus parientes.

Asimismo, lamentó que a la fecha se desconozcan los resultados de la investigación iniciada por el caso de la masacre en San Fernando, del que todavía falta identificar a 14 víctimas, a quienes hay que sumar los otros 193 restos de cuerpos encontrados en 46 fosas clandestinas en el mismo municipio.

González Placencia recalcó que es incomprensible que varios camiones de pasajeros hallan sido secuestrados sin que las autoridades se percataran, cuando desde diciembre de 2007 las carreteras y caminos de Tamaulipas eran vigiladas por 2 mil 35 miembros del Ejército, 750 efectivos de la Marina y 516 elementos de la Policía Federal, dentro del operativo conjunto Tamaulipas-Nuevo León.

Se requiere atención urgente

El ombudsman expresó que ante las graves violaciones a los derechos humanos que se cometen en contra de la población migrante y que requieren de una atención urgente por parte de los Estados y los organismos internacionales, diversas grupos en coordinación con la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala y la CDHDF solicitaron a la Comisión Internacional de Derechos Humanos el pasado 13 de junio que emita algunas medidas cautelares a los cinco países.

Entre las peticiones destacan la solicitud de que México mantenga plenamente informado a El Salvador, Honduras, Guatemala y Ecuador de las diligencias realizadas para la identificación de los cuerpos encontrados en las fosas clandestinas, que se otorgue orientación y atención médica sicológica y económica a las víctimas; que se apliquen los protocolos durante la investigación ministerial, y se conforme un grupo de expertos con ayuda de la Organización de Naciones Unidas para que apoye al gobierno mexicano en las pesquizas.

González Placencia estuvo acompañado por representantes de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, la Asociación Civil Sin Fronteras IAP, el Instituto para las Mujeres en la Migración y por el padre Pedro Pantoja, de la Casa del Migrante de Saltillo.