Organizaciones civiles de protección a los derechos de los migrantes denunciaron ante Felipe González, relator especial de Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que cerca de 20 mil personas son secuestradas cada año.

Lo anterior reporta 50 millones de dólares al crimen organizado, el cual actúa en colisión o con permiso de las autoridades; además, el problema alcanza la categoría de tragedia humana, agregaron.

Decenas de organizaciones de derechos humanos y de defensa de trabajadores migrantes expusieron a Felipe González las violaciones perpetradas por agentes estatales, las condiciones de detención, la violencia contra las mujeres, las agresiones sexuales, las extorsiones y la trata de personas.

El relator les preguntó si fueron consultados para la elaboración de la ley y su reglamento. La respuesta fue: Nunca nos consultaron; tuvieron que crearse grupos de trabajo y se ejerció presión hacia los partidos políticos en el Congreso porque querían aprobar una ley con mayor coerción, que incluía sanciones a las personas que emplearan migrantes.

También inquirió “cómo se hacen los aseguramientos”. Eso “no es alternativa –le respondieron–, sino regla general, y en realidad no son otras cosa que detenciones arbitrarias”.

Contradicciones legales

Además, el relator de la CIDH preguntó a las ONG cómo se hacen las visitas a las estaciones migratorias, a lo que respondieron que se les niega el acceso y no se permite que se hagan monitoreos de la situación de los derechos humanos, pues dan explicaciones ambiguas, pero no los dejan entrar.

Asimismo, González inquirió a los defensores si hay una verdadera defensa pública de los migrantes, a lo que respondieron: No, porque para que se pueda representar a un migrante se tiene que tener su firma y su aval, y como los mantienen detenidos y no permiten el acceso, no se puede hacer una verdadera defensa pública de ellos.

Sí, tiene problemas y contradicciones constitucionales, fue la respuesta de los defensores acerca de si la nueva Ley de Migración contiene fallas.

Además, las organizaciones defensoras entregaron un informe general sobre la situación de los derechos de los migrantes, en el que resaltan que las prácticas de control y regulación migratoria en México, disfrazadas de política migratoria, han acrecentado la condición de irregularidad y las rutas por las que ellos transitan y aumentan las posibilidades de que corran mayores riesgos como robos, violaciones sexuales, amenazas, extorsión y secuestros.

Insistieron en que reportes de organizaciones civiles señalan como perpetradores o coadyuvantes por acción u omisión de violaciones a los migrantes a las autoridades de los tres niveles de le gobierno, agentes migratorios, policías federales, estatales y municipales, pero también guardias de seguridad privados.

De igual forma hicieron énfasis en que las mujeres y los niños son los grupos más vulnerables, y sufren en mayor medida las agresiones. Hicieron notar que las deficientes políticas públicas traen como consecuencia una violación sistemática de los derechos humanos de los migrantes que transitan por el país. México vive una crisis de proporciones alarmantes en ataques, asesinatos y explotación de éstos y sus familias.

Las ONG entregaron al relator informes complementarios con casos específicos de violaciones a derechos humanos e insistieron en que los secuestros persisten. Por ejemplo, se refirieron al informe de la Comiisión Nacional de los Derechos Humanos que da cuenta de que tan sólo en seis meses ocurrieron 11 mil 333 plagios en 2010, entre abril y septiembre.

Este martes, el relator de la CIDH asistirá a reuniones en el Congreso y también se presentará en la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país. El 27 de julio realizará una visita Ixtepec, Oaxaca; el 28 a Tapachula, Chipas; el 30 estará en Tierra Blanca, Veracruz, y el primero de agosto en Reynosa, Tamaulipas.

Por otro lado, el secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, también se reunió ayer con el relator especial sobre los trabajadores migratorios de la CIDH, Felipe González, a quien reiteró el compromiso del Estado mexicano con las garantías humanas de estos trabajdores, además del fortalecimiento de las instituciones para que actúen en estricto apego a la ley y al respeto de los ciudadanos.

En un comunicado, la dependencia indicó que Blake Mora planteó a Felipe González la disposición del Estado para estrechar los mecanismos de cooperación con el organismo. Se informó también que hablaron sobre la atención a las recomendaciones hechas por la CIDH.

Antes del encuentro, González se reunió con el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Salvador Beltrán del Río, y funcionarios del INM.

Gobernación afirmó que el relator de la CIDH preguntó a los funcionarios sobre la naturaleza de los refugiados y las condiciones de las personas migrantes en México. Beltrán del Río abordó el tema del fortalecimiento institucional del INM y explicó detalladamente los mecanismos de protección implementados.