El tercer tribunal unitario penal absolvió a tres accionistas de una empresa del ramo de la informática acusados de simular la quiebra de su compañía, para no pagarle 104 millones de pesos a la transnacional Compaq.

Se trata del primer litigio penal que se abre en tribunales mexicanos bajo la figura legal de violación a la Ley de Concursos Mercantiles, un juicio muy común en países europeos y en Estados Unidos.

La sentencia es definitiva e inatacable para la Procuraduría General de la República (PGR).

El juicio tardó más de cuatro años en resolverse de manera definitiva, e incluso, parte del mismo fue analizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Según fuentes judiciales, el tercer tribunal unitario, que encabeza el magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano, emitió una sentencia absolutoria en favor de Martín Mexia Moreno, Enrique Alejandro Ojeda Cuén y Luis Felipe Bado Ortiz, accionistas de la empresa MPS Mayoristas.

La historia de esta controversia penal se inició en 2003, cuando MPS presentó una demanda para solicitar el concurso mercantil porque ya no tenía activos líquidos para pagar a sus acreedores. El concurso (la quiebra de MPS) fue declarado ese mismo año.

Las cuentas incobrables de MPS ascendían a 112 millones 765 mil 891 pesos, de los cuales 104.7 millones eran adeudos pendientes con Compaq.

En 2006, Compaq denunció ante la PGR a MPS, por considerar que la quiebra fue una maquinación fraudulenta para no pagar a los acreedores.

Después de un año de investigación, la PGR ejercitó acción penal contra los tres empresarios, en el primer caso penal que presentó por violación a la Ley de Concursos Mercantiles desde que entró en vigor la nueva norma, el 13 de mayo de 2000.

La defensa jurídica de los inculpados la encabezó el connotado penalista Marcos Castillejos, quien hace dos años fue asesinado en su despacho jurídico, ubicado en el Distrito Federal.

Según la acusación, había cuentas incobrables derivadas de 18 préstamos que hizo MPS a sus filiales Sistemas Inteligentes Administrativos y Microcomputadoras, Periféricos y Servicios, que tenían como fecha de vencimiento marzo de 2005, dos años después de solicitar la quiebra.

En diciembre pasado, el juzgado cuarto de distrito de procesos penales federales absolvió a los acusados, en primera instancia.