La presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, Esthela Damián Peralta (PRD), dijo que el miércoles presentará en la Comisión Permanente del Congreso un punto de acuerdo para que el gobierno de Felipe Calderón entregue la información sobre el manejo del Fideicomiso Ferronalesjub5012-6, que el año pasado reportó un déficit de 15 mil millones de pesos.

Recordó que desde octubre el pleno de la Cámara presentó un punto de acuerdo, aprobado y enviado al Ejecutivo, para que las secretarías de Hacienda y Crédito Público, así como de la Función Pública entregaran un informe puntual del uso del fideicomiso que debía utilizarse para el pago de pensiones y jubilaciones de los ferrocarrileros, y al que se habían destinado 19 mil millones de pesos.

Los funcionarios deben responder por qué no han rendido cuentas de la utilización de esos fondos, como se les pidió hace nueve meses, sostuvo.

Explicó que desde entonces se pidió a la Función Pública una auditoría integral al fideicomiso durante el ejercicio fiscal 2010. Sabemos que el año pasado ese fondo contaba con más de 19 mil millones de pesos para el pago vitalicio de pagos de pensiones y jubilaciones de los trabajadores, aunque en ese momento ya reportaba un déficit de más de 15 mil millones de pesos. A la fecha no hemos tenido respuesta del secretario Salvador Vega Casillas.

Refirió que ante las denuncias de los jubilados de que el diputado Víctor Flores (PRI) dispuso de los recursos destinados a las jubilaciones, se requirió a la Secretaría de Hacienda el origen y destino de los fondos, nombres de quienes figuran como responsables de su manejo, así como un reporte del desempeño financiero y económico, nombres de los beneficiarios y la relación con el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros. Sin embargo, tampoco se nos ha informado nada, lamentó.

Ante la negativa para esclarecer el fideicomiso, consideró que la Cámara de Diputados debe contar con la información antes de que se inicie la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, para determinar si se cancela la entrega de recursos a una partida de la que se dispone con opacidad.