El Ejército Mexicano está totalmente desamparado y sin protección legal alguna en las labores que desempeña contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, sostuvo el general de división retirado Luis Garfias Magaña.

Lamentó el desconocimiento de diputados federales y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acerca de la labor que realizan los soldados y por el hecho de haber abierto la puerta a que los militares sean juzgados en el fuero común cuando violen derechos humanos de civiles, sin tomar en cuenta aspectos constitucionales y de la legislación castrense, que endurecen las penas contra los efectivos que cometan ilícitos en actos de servicio.

En entrevista, cuando se le pidió una opinión sobre la posibilidad –que analizan altos mandos del Ejército y la Armada de México– de que los militares que violen derechos de civiles sean enjuiciados por jueces federales especializados en fuero de guerra, el ex diputado federal, ex comandante de zona y ex presidente del Segundo Consejo de Guerra insistió en que los soldados deben ser juzgados en el fuero castrense, porque es una forma de mantener la disciplina en las fuerzas armadas.

Independientemente de la reciente decisión de la Suprema Corte acerca de que los militares que cometan delitos contra civiles puedan ser juzgados en el fuero común, Garfias Magaña afirmó que la legislación es sumamente severa con los militares que cometan delitos en actos de servicio –como cuando desarrollan labores de seguridad pública– y que cualquier cambio debe tomar en cuenta la figura de la destitución del empleo, prevista en el Código Militar, el cual establece que el sentenciado pierde todos los derechos ganados durante su servicio, desde la pensión (a la que tienen derecho después de 20 años) hasta el de atención médica.

En cambio, explicó, si los militares son juzgados en el fuero civil, automáticamente quedarían librados de ser destituidos del empleo, lo que les permitiría mantener su antigüedad y algunos derechos.

Lamentó también que las fuerzas armadas sean utilizadas en labores de seguridad pública sin la protección legal necesaria, porque eso ha derivado en ataques en su contra sin que nadie salga en su defensa.

Se pronunció por la aplicación del artículo 29 constitucional, el cual señala que en caso de que la sociedad esté en grave peligro o conflicto, el presidente de la República, con la aprobación del Congreso, está facultado para suspender los derechos y garantías que fuesen obstáculo para hacer frente de manera eficaz a la situación.

Garfias consideró que la suspensión de garantías daría certidumbre a la participación de militares en el combate al crimen organizado e impactaría en la disminución de acusaciones contra soldados por supuesta violación de derechos humanos.