Santiago, 5 de agosto. Estudiantes y profesores presentaron este viernes una querella contra el ministro del Interior chileno, Rodrigo Hinzpeter, y la intendenta de Santiago, Cecilia Pérez, por considerar que ambos funcionarios violaron el derecho de reunión al reprimir el jueves pasado una protesta, donde fueron detenidas 874 personas y 90 policías militarizados resultaron heridos.

La denuncia judicial fue presentada por Camila Vallejo Dowling, presidenta de la Federación de Estudiantes de Chile (FECh), representantes del Colegio de Profesores, el abogado Hugo Gutiérrez y miembros de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

Estamos querellándonos contra el ministro Hinzpeter por el proceder represivo que tuvo el día jueves , donde además de ser violadas libertades constitucionales como la de reunión y desplazamiento en la vía pública, hubo detenciones ilegales y represión contra particulares, informó a la prensa la lideresa estudiantil.

La denuncia fue presentada en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, mientras en paralelo comenzó en el Centro de Justicia el control de detención de 28 de los 874 aprehendidos durante la jornada del pasado jueves.

Ese día, los estudiantes y profesores, que protestan desde hace dos meses en favor de una educación pública de calidad, habían señalado que marcharían a pesar de que el gobierno derechista del presidente Sebastián Piñera señaló la víspera que no lo permitiría.

Cientos de estudiantes intentaron marchar por el centro de Santiago y en otras ciudades, pero fueron dispersados por más de mil policías de Carabineros, quienes apoyados por uniformados a caballo y en helicópteros utilizaron gases lacrimógenos y carros lanzagua para evitar las marchas.

Este viernes, los universitarios ratificaron el paro nacional programado para el martes 9 de agosto, e instaron al gobierno a autorizar las movilizaciones populares que se realizarán ese día.

Patricio Contreras, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Los Lagos, hizo un llamado a todos los actores, y a todos los que han sido parte de esta movilización, a volver a poner las voces en las calles.

Contreras emplazó al gobierno de la derecha a permitir las marchas y agregó que “no queremos más compañeros heridos, sino que dejen marchar al hombre libre por la Alameda (Bernardo O’Higgins, principal arteria de la capital chilena), porque es así como se debe vivir en democracia y avanzar hacia un nuevo sistema, debido a que éste ya fracasó”.

Por su parte, Giorgio Jackson, presidente de la Federación de Estudiantes de la exclusiva Universidad Católica, sostuvo que la mejor salida para la actual crisis estudiantil es la realización de un plebiscito, ya que la propuesta del gobierno de Piñera no se acerca a las necesidades del país.

La propuesta de 21 puntos, presentada el lunes pasado por el gobierno, no contempla el pedido principal de los estudiantes, que es asegurar que haya una educación pública sin ánimo de lucro.

Por último, los líderes estudiantes confirmaron además un plazo de seis días, contados a partir del pasado jueves, para que el gobierno entregue una nueva propuesta sobre sus demandas.

Por su parte, el presidente Sebastián Piñera llamó hoy a los estudiantes al diálogo. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario afirmó que es tiempo de construir y buscar acuerdos.

Los invito a dialogar y a aportar para una educación de calidad, dijo Piñera en su mensaje, al que adjuntó un link con la propuesta gubernamental rechazada por los estudiantes.

En tanto, el jefe de gobierno chileno tuvo que retirarse de una misa efectuada en Copiapó por los mineros atrapados el año pasado, luego de que decenas de manifestantes irrumpieron en la iglesia para protestar por la represión en contra de los estudiantes.

En Argentina, donde viven miles de chilenos, centenares de manifestantes marcharon este viernes en Buenos Aires en apoyo a las movilizaciones estudiantiles.

Por su parte, los líderes sindicales de la mina Escondida, en el norte de Chile, suscribieron un acuerdo con la compañía para poner fin a una huelga que se extendió por dos semanas en demanda de mejoras laborales.

Marcelo Tapia, portavoz del gremio, confirmó que los 2 mil 300 trabajadores de la Escondida decidieron aceptar una propuesta de la empresa para poner fin a una huelga que causó pérdidas por al menos 400 millones de dólares, y dijo que los mineros estarían en condiciones de retomar sus labores el viernes por la noche.