El procurador Fiscal de la Federación, Javier Laynez Potisek, aceptó la existencia de lagunas jurídicas en la prevención y combate al lavado de dinero. A la fecha, las autoridades del sector sólo tienen atribuciones para intervenir en los procesos reportados por las instituciones bancarias, y esa actividad se circunscribe a la revisión de las operaciones donde se presentan movimientos sospechosos, fuera del perfil crediticio de un cliente.

Actualmente no es posible fiscalizar gastos de posible lavado de dinero en situaciones que se realicen fuera de las instituciones bancarias, como son las actividades de servicios y comerciales. Resulta muy difícil para la autoridad identificar tales esquemas sin la colaboración de los particulares, sin que eso signifique transferir la responsabilidad de los funcionarios a los ciudadanos, adujo.

Laynez Potisek se reunió con los diputados que integran la Comisión de Hacienda para reconocer la minuta que expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo. El presidente de ese grupo de trabajo, Mario Alberto Becerra Pocoroba (PAN), refirió la necesidad de establecer el concepto de operaciones fraccionadas para evitar el fraude a la ley.

Para David Penchyna (PRI) será necesario revisar las transferencias, depósitos y retiros que se hacen al día y determinar los montos correctos para dictaminar una buena tasación de movimientos comerciales lícitos. También propuso incluir en la ley la obligación para que la Unidad de Inteligencia Financiera sea integrada por funcionarios profesionales, y no sea víctima de manipulación gubernamental.

José Narro Céspedes (PRD) calificó de sustantiva la ley en ciernes porque cada año en el país se lavan 35 mil millones de dólares; “¿qué han detectado y hecho?, no tenemos información; lo descubierto ha sido por cuestiones colaterales…ahí tenemos enormes hoyos y boquetes que no coadyuvan, las grandes operaciones se hacen ahí y no vemos que en la propuesta se busque normar y coadyuvar a solucionar este problema”.

El procurador fiscal reconoció que el lavado de dinero es un negocio que resulta difícil de identificar sin la colaboración de ciertos sectores preventivos, parti- culares o ciudadanos. Los negocios a los que se recurre con mayor frecuencia para el lavado del dinero, dijo, son los que por su naturaleza tienen un gran volumen de clientes anónimos, operaciones que pueden hacerse en efectivo y las que pueden cambiar de efectivo por bienes de fácil conversión y por los que mantienen su valor en el mercado, como inmuebles, vehículos, relojes, joyas, obras de arte, antigüedades, piedras y metales preciosos.

Prevenir sin criminalizar

De tal forma, con el nuevo ordenamiento –que no sería una ley que criminalice– se identifican actividades vulnerables y regula la relación de los sujetos sensibles con la autoridad administrativa. Se sistematizan las obligaciones que tendrán estos sujetos de identificar al cliente y dar aviso a la autoridad administrativa, se mantiene intacto el régimen para las instituciones financieras y se evitará reportar sospechas como lo hacen en la actualidad las entidades financieras.