En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) señaló que persiste hacia ellos una visión de asistencia social, más que de solución a los problemas estructurales, así como la falta de acciones positivas que rompan con los círculos de extrema pobreza de este grupo poblacional.

La directora de área de la cuarta visitaduría de la CDHDF, Larisa Ortiz Quintero, señaló que las cifras oficiales muestran que los pueblos indígenas son los que menos acceso tienen a la educación, a la salud y a la vivienda.

Al Distrito Federal migran buscando alternativas y se encuentran con situaciones iguales o peores que en sus lugares de origen, al no hablar la lengua para comunicarse, y generalmente se ubican en trabajos domésticos, cuerpos de policía o de limpieza, apuntó.

Agregó que en lo que va del año la CDHDF ha iniciado 22 quejas, 14 de las cuales están en trámite y el resto fueron concluidas. Detalló que las temáticas que se presentan en éstas son estructurales; es decir, son quejas que plantean temas paras los colectivos que viven, radican o van de paso en la ciudad de México.

Expuso que en las peticiones se plantea la necesidad de garantizar a los integrantes de los diferentes pueblos el derecho a un intérprete, sobre todo a personas que se ven involucradas en procesos penales, como es el caso de que los detengan, les instruyen alguna averiguación previa, pero no las canalizan a la Agencia Especializada para personas Indígenas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Apuntó que las instancias internacionales indican que toda decisión administrativa en la materia tiene que ir acompañada de una consulta, pero el Consejo de Consulta Indígena del Distrito Federal no está funcionando, y en la actual administración no se ha hecho una consulta conforme marca la ley que crea la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para los Pueblos y Comunidades Indígenas.

Dijo que con la creación de la cuarta visitaduría, en 2007, la CDHDF empezó a recibir quejas por derechos indígenas presuntamente violados. Ese año se recibieron 27 quejas; en 2008 fueron 22; en 2009 sumaron siete, y 21 quejas en 2010.