El 1º de agosto la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una iniciativa de ley para elevar el techo de deuda, de 14.3 billones de dólares, en un monto suficiente para evitar una repetición de este enfrentamiento hasta después de las elecciones federales de 2012. La iniciativa fue aprobada sin problemas en el Senado y sancionada por el presidente Barack Obama.

Si el acuerdo no se hubiera logrado, el Tesoro habría tenido que reducir el gasto de inmediato en un 44%, según la oficina de presupuesto del Congreso, para conciliarlo con el ingreso. Un recorte de ese tamaño sólo se habría logrado incumpliendo algunas obligaciones del gobierno, como diferir pagos a contratistas u omitir el envío de cheques del seguro social. Además del daño que se habría causado a la fe en el gobierno, la frágil economía no habría resistido mucho tiempo tan drástica austeridad antes de caer de nuevo en recesión.

Había incluso el remoto peligro de que el gobierno cayera en mora en su deuda. Aunque no es seguro hasta dónde habrían llegado los daños, nadie estaba demasiado ansioso por saberlo. El riesgo de desastre era demasiado grande, y por esa razón confiábamos en que no se rebasaría la fecha límite.

Sin embargo, las negociaciones han mostrado el peor ángulo de Washington. Los republicanos, en particular, han sido intransigentes al extremo, sobre todo debido a la influencia de los ultraconservadores ligados al movimiento antigubernamental llamado Tea Party.

Muchos de los 87 representantes republicanos que fueron elegidos por primera vez al cargo en los comicios de medio periodo, en noviembre pasado, deben su victoria al respaldo de ese grupo, y han dejado en claro que se sienten más comprometidos con éste que con el presidente republicano de la Cámara, John Boehner. Muchos parecían dispuestos a llegar a la fecha límite sin dar su brazo a torcer, y hasta hubo quienes juraron votar contra un aumento del techo de deuda en cualquier término que se presentase.

Si fue una prueba para ver quién parpadeaba primero no hay duda de que la ganaron los del Tea Party, que al final lograron sacar del acuerdo hasta los más insignificantes incrementos de ingresos, que representaban la principal demanda de los demócratas. Para ilustrar la extensión en que los términos del acuerdo gravitaron hacia el lado republicano, tres de cada cuatro miembros de ese partido votaron en favor de la iniciativa, en tanto los demócratas casi dividieron parejos su sufragios.

Acuerdo en dos partes

El acuerdo eleva de inmediato el techo de deuda en 400 mil millones de dólares, lo suficiente para financiar al gobierno hasta septiembre, cuando se elevará otros 500 mil millones, a menos que el Senado y la Cámara voten en contra por mayoría calificada, lo que parece sumamente improbable. Este aumento inicial será acompañado por recortes en el gasto por 917 mil millones en la próxima década, sobre todo en el gasto discrecional.

Se instalará un comité bipartidista para encontrar ahorros por otros 1.2 billones de dólares en los próximos 10 años. Sus recomendaciones serán votadas por el Congreso antes del 23 de diciembre, sin que ninguna de las cámaras pueda alterarlas. Si las propuestas se aceptan, el techo de deuda se incrementará en otros 1.5 billones. Si se rechazan, entrarán en vigor otros recortes automáticos del gasto por 1.2 billones. Bajo cualquiera de los dos escenarios, el gobierno contará con financiamiento suficiente hasta pasadas las elecciones de 2012.

Se supone que ambos partidos temen estos recortes automáticos y que por ello buscarán llegar a un acuerdo. Por ejemplo, mientras el comité tiene la opción de diferir los recortes, si se activa el mecanismo automático los recortes lesionarían la frágil recuperación económica, cosa que los demócratas y la mayoría de los republicanos querrían evitar.

Los republicanos no desearían recortes profundos al presupuesto de defensa, en tanto los demócratas serían renuentes a dejar que todo el peso de la reducción del déficit cayera en recortes al gasto, sin ninguna medida para aumentar el ingreso.

Sin embargo, también es fácil ver que podría no alcanzarse un acuerdo. Los republicanos insistirán en recortes a la seguridad social, Medicaid y Medicare, que los demócratas difícilmente aceptarán. Éstos presionarán a su vez por aumentos de impuestos, o al menos una reducción en exenciones, pero los republicanos ya mostraron su capacidad de mantenerse en su posición en ese tema. Dado que la primera ronda de recortes al gasto afectará muchos rubros, tal vez no sea posible lograr ahorros suficientes sin elevar el ingreso o reducir prestaciones. En caso de que fallen las recomendaciones de la comisión, uno de los lados puede desafiar los recortes automáticos.

Los recortes automáticos ya se han intentado antes: en 1995, la ley Gramm-Rudman-Hollings de presupuesto equilibrado pretendía imponer recortes al gasto si el gobierno incumplía sus metas del déficit, pero el mecanismo para determinar el monto de los recortes fue declarado anticonstitucional. Lo que es casi seguro es que el debate sobre el mecanismo automático dará a Estados Unidos otra oportunidad de mostrar al mundo lo extremista y disfuncional que se ha vuelto su sistema político.

Un pacto evasivo

Otra debilidad es patente en el acuerdo. En primer lugar, representa una mala política fiscal. Las revisiones del PIB dadas a conocer la semana pasada muestran que la recesión fue más profunda de lo que se pensaba, y que la economía se recuperá con mucha mayor lentitud. Esto ayuda a explicar por qué la tasa de desempleo se ha estancado arriba de 9%. Idealmente, el gobierno aún aportaría apoyo a la economía a corto plazo, pero agregar un mayor estímulo no podría estar más lejos de la mente de los políticos estadunidenses. Este acuerdo confirma que la austeridad es el nombre del juego. Cuando mucho, Obama podría convencer a los republicanos de extender los recortes al impuesto sobre nóminas, que debe expirar al final del año.

Cierto, las cosas pudieron haber sido peores en este aspecto. Los recortes al gasto se han diferido de modo que en el año fiscal 2011/12 apenas sumarán 7 mil mdd, y en 2012/13, sólo 3 mil mdd. Pero la debilidad económica demandaba un paso en otra dirección.

Un buen acuerdo habría mostrado también que el gobierno tiene bajo control el problema de la deuda a largo plazo. Los recortes al gasto se quedan muy cortos respecto de los 4 billones de dólares en un plazo de 10 años que Standard & Poor’s había recomendado, lo cual fue la razón principal de que esa calificadora haya degradado la calificación de la deuda del Tesoro estadunidense de AAA a AA.

Pudiera ser que esto tenga poco efecto en el rendimiento de los bonos del Tesoro. Después de todo, Japón perdió su estatus AAA hace más de una década y no ha habido un impacto perceptible. Además, los inversionistas que buscan activos líquidos de bajo riesgo se ven casi forzados a sostener los bonos estadunidenses por falta de alternativas. Sin embargo, S&P tiene razón en subrayar que este pacto hace poco por colocar la proporción entre la deuda y el PIB estadunidense en una ruta sostenible. Para ello se requerirían medidas sustanciales orientadas a contener los costos de la atención a la salud y elevar el ingreso. Ese debate se dejará ahora para después de las elecciones de 2012, y será tan encarnizado como lo fue la lucha por el techo de deuda.

Fuente: EIU

Traducción de texto: Jorge Anaya