Comuneros de Tezontepec de Aldama, Hidalgo, exigieron a la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) ejecutar la restitución de mil 899 hectáreas que desde hace 18 años les fueron otorgadas después de 30 años de juicios y que son explotadas por el gobierno del estado mediante un fideicomiso.

Al concluir una reunión con colaboradores de Abelardo Escobar, titular de la SRA, cerca de un centenar de comuneros, acompañados por sus asesores legales, Édgar Porras y José Antonio Barrera López, comentaron que son hostigados y amenazados por policías estatales, presuntos militares e integrantes de la Confederación Agrarista de México por exigir la entrega de sus tierras. Dos mujeres fueron violadas y los habitantes de las rancherías de El Rincón y La Cruz son constantemente hostigados, mencionó Sabino Juárez.

Son terrenos muy valiosos, pues la CFE explota 12 pozos, hay una mina de arena, se urbanizaron 50 hectáreas, y están ubicados a 12 kilómetros del terreno destinado a la construcción de la refinería.

Apuntaron que el gobierno del estado renta las tierras agrícolas, cuya productividad es de 12 toneladas de maíz por hectárea –similar a las de Sonora y Sinaloa– y también se obtienen altos rendimientos en el cultivo de alfalfa. Quienes las ocupan pagan entre 15 mil y 18 mil pesos por hectárea, pero a los auténticos propietarios se nos niega el acceso a la tierra.

Édgar Porras explicó que la lucha jurídica por el reconocimiento de las tierras comunales se inició en 1972, después de que la SRA entregó los predios al ejido de Mixquiahuala. El 16 de agosto de 1993 el tribunal unitario agrario con sede en Pachuca reconoció que la superficie pertenece a 920 comuneros, pero ante las constantes disputas entre éstos y ejidatarios, el gobierno estatal creó un fideicomiso para administrar los bienes hasta que la SRA procediera al deslinde, titulación y entrega.

Expediente extraviado

Los asesores legales de los comuneros afirmaron que ayer entregaron a funcionarios de la SRA cuatro tomos del expediente agrario (967-10-14) para que procedan a la titulación de los bienes comunales, pues según autoridades del Registro Agrario Nacional, el expediente está extraviado, en tanto María Eugenia Camacho Aranda, magistrada del Tribunal Unitario Agrario con sede en Pachuca, se declaró incompetente.

Advirtió que las autoridades agrarias han intentado desconocer los resolutivos de los tribunales colegiados.