La secretaria general del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Cristina Díaz, emplazó al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero, a que antes del 8 de septiembre defina si se mantiene en la dependencia para negociar la Ley de Ingresos o la deja para buscar la candidatura presidencial por el blanquiazul. En entrevista, la también diputada federal sostuvo que ante la crisis mundial que afectará la economía del país es imprescindible dar certidumbre para que, en todo caso, el efecto no sea tan dañino.

A su vez, el dirigente priísta Humberto Moreira sostuvo que la aprobación de las reformas política y laboral van de la mano con una modificación a la Ley General de Coordinación Fiscal. No está condicionada una u otra. Es un paquete. De no aprobarse esta última el peso que tendrán otras modificaciones será muy limitado.

Respecto de la reforma en materia de seguridad, municipios y estados no tienen recursos suficientes para poder mejorar los salarios de los policías, impulsar programas de capacitación o poner en marcha áreas de inteligencia, ya que apenas les alcanza para subsistir, explicó Moreira. En torno a la reforma laboral, comentó que estados y municipios no tienen recursos para instalar la infraestructura necesaria a efecto de que lleguen nuevas compañías ni para arrancar programas de apoyo a micro y pequeñas empresas.

En torno a la reforma política dijo que debe observarse la necesidad de estados y municipios para contar con lo indispensable y cumplir con el deber que los ciudadanos le dieron. Vamos con todo a las reformas, pero sin dejar fuera la Ley General de Coordinación Fiscal si queremos que las demás modificaciones tengan éxito y sean de fondo.

En su oportunidad, el vocero tricolor, David Penchyna, condenó que el Presupuesto de Egresos sea violado sistemáticamente por el gobierno federal. Ello en alusión a los recortes al Subsistema de Seguridad Municipal, ya que se trata de recursos etiquetados y que ahora la Secretaría de Hacienda los escatima a más de 100 municipios.

El pretexto es que después de que se aprueba el presupuesto se expiden reglas de operación tramposas por el Ejecutivo, que imponen obligaciones financieras a ciertos municipios que no tienen siquiera para pagar la nómina, expresó el también diputado federal.