La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer ayer su recomendación general número 19, en la que alerta sobre la persistencia de los allanamientos ilegales en el país, y subraya que dichas prácticas son contrarias a los artículos 14 y 16 de la Constitución.

Al mismo tiempo, abrió una queja de oficio en el caso de las familias que fueron víctimas de un cateo de este tipo durante la madrugada del jueves a cargo de elementos de Procuraduría General de Justicia del estado de México, entre ellas la del poeta Efraín Bartolomé y la investigadora universitaria Patricia Magaña.

El organismo informó mediante un comunicado que su personal ya le ofreció acompañamiento legal y sicológico a las personas afectadas por el operativo, realizado supuestamente en busca de armas, y subrayó que la acción de los cuerpos de seguridad contra el crimen no pueden realizarse vulnerando los derechos de las personas.

Un día después de las vejaciones cometidas contra Bartolomé y Magaña, la CNDH manifestó su preocupación por el alarmante número de allanamientos ilegales que ocurren en el país.

La recomendación general, publicada ayer en el Diario Oficial de la Federación, está dirigida a los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública, así como de la Procuraduría General de la República, y en ella se solicita que se lleven a cabo las reformas legislativas necesarias para tipificar como delito los cateos domiciliarios sin la orden correspondiente.

Práctica común

La CNDH ha observado con suma preocupación que los cateos ilegales constituyen una práctica común de los elementos que integran los diversos cuerpos policiales y las fuerzas armadas en auxilio a las labores de seguridad pública, explicó el organismo en la recomendación.

Lo anterior no quiere decir, aclaró, que se oponga a la persecución e investigación de conductas delictivas, sino que dichas acciones deben realizarse con apego al marco constitucional y el sistema internacional de derechos humanos.

La frecuente realización de cateos ilegales por parte de las autoridades, indicó el organismo dirigido por Raúl Plascencia Villanueva, constituye el inicio de una cadena de múltiples violaciones a derechos humanos, ya que además de transgredir la inviolabilidad del domicilio, estos actos se realizan ejerciendo violencia física y/o sicológica contra los habitantes de los inmuebles.

Además, dijo, en el marco de los cateos suelen ocurrir detenciones arbitrarias, siembra de pruebas, robos por parte de los uniformados, y amenazas de éstos para que sus abusos no sean denunciados.

De 2006 a lo que va de 2011, la CNDH ha recibido un total de 3 mil 786 quejas por violaciones a las garantías individuales cometidas durante cateos, muchos de los cuales se busca justificar con el pretexto de la comisión flagrante de un delito.

Por todo lo anterior, el organismo recomendó que las órdenes de allanamiento domiciliario siempre sean emitidas por una autoridad judicial, con la debida fundamentación, y pidió a los organismos de seguridad que eliminen inmediatamente la práctica de introducirse en casas particulares de forma ilegal.

Asimismo, ordenó que se tome nota de todas las irregularidades cometidas durante esos cateos; se impulsen reformas para tipificar dicha conducta como un delito; se emitan campañas informativas para reforzar la inviolabilidad del domicilio, y se capacite al personal encargado de realizar este trabajo.