os cateos realizados la madrugada del jueves en varias residencias del sur del Distrito Federal –entre ellas la del poeta Efraín Bartolomé– confirman la situación de pesadilla que enfrenta el conjunto de la población en el país: ésta no sólo se encuentra sometida al acoso de la criminalidad –cada vez más extendida a pesar de la supuesta estrategia gubernamental para contenerla– sino también a la violación cotidiana de los derechos humanos por parte de las autoridades y a la indiferencia oficial constante a ese respecto.

a participación de la ciudadanía en la construcción de políticas públicas puede atravesar por diferentes retos, entre otros que la misma crítica, e inclusive el disenso con las autoridades, sean respetados, y que se considere la concurrencia de la sociedad en su debida dimensión como un acto valioso y consecuente. Que su intervención se acompañe también de la garantía de que pueda manifestar sus diferencias y elaborar propuestas desde su experiencia, y que efectivamente tengan peso en las discusiones de los espacios y en las decisiones que se tomen. Otro reto es que se respeten las diversas formas de participación; esto es, la posibilidad que tiene la sociedad, por su pluralidad, de participar en mesas de trabajo, y además llevar a cabo marchas, jornadas culturales, etcétera. Expresiones no sólo legitimas, sino que no se excluyen, y por el contrario se refuerzan entre sí. De otra forma se caería en dinámicas de simulación en espacios oficiales en los que se pretendiera otorgar, como una especie de concesión graciosa, la presencia de la sociedad, aunque limitada a asentir con docilidad bovina.

e un día para otro, la empresa Calzado Sandak despidió a sus más de 300 trabajadores de la planta Calpulalpan, Tlaxcala. No hubo aviso previo ni justificación alguna, existe materia de trabajo y han ampliado su mercado. Al despedirlos, les informaba que ahora podrían laborar en sus domicilios o establecer una maquila; para ello les proporcionaría maquinaria y materia prima; eso sí, no tendrían salario fijo, pues ganarían según la producción; tampoco seguridad social, prestaciones ni sindicato. La conducta de esta empresa es representativa de la impunidad con la que se conducen las trasnacionales en nuestro país. Ignoran que, conforme a la ley, un cierre de esta naturaleza debe ser justificado ante la autoridad laboral a través de un conflicto colectivo de naturaleza económica; sin embargo, confían en que esta autoridad se convierta en su cómplice para abaratar el costo y las condiciones de trabajo, al crear una cadena productiva a domicilio, que consiste en encargar a ex empleados o a maquilas caseras distintas etapas del proceso, como costura y corte, recoger la producción, obteniendo así el producto terminado. Una auténtica cadena de explotación supuestamente superada por nuestra legislación social. Todo es una simulación: en realidad estamos regresando al pasado.

o será la primera ni la última vez que Benedicto XVI visite España. Le profesa un amor febril a las tierras de la antigua Hispania. En ellas se cometieron dos grandes genocidios en nombre de la cruz. Se expulsó a moros y judíos en el siglo XV y XVI. Hoy, poco queda de este pasado glorioso de la inquisición. Las encuestas destapan una realidad nada halagüeña para la Iglesia católica en España. Sólo 27 por ciento de los españoles declara ser católico practicante. Y su número disminuye uno por ciento cada año. Si buscásemos una explicación a esta caída, una respuesta estaría en la incongruencia entre el decir y el hacer de las instituciones eclesiásticas. El Vaticano mantiene en sus filas a sacerdotes pederastas, capellanes cómplices de torturas y protege a criminales y violadores como Marcial Maciel, creador de los Legionarios de Cristo. Miente y levanta falsos testimonios. Y su fortuna, in crecento, gracias a las donaciones testamentarias de viudas ricas. Estas actuaciones les resta credibilidad. Aún así, en España, la católica es la religión con más adeptos. Sea esta la razón por la cual, el poder político, se muestra timorato y le otorga privilegios que vulneran la Carta Magna.