En las entidades fronterizas, los jóvenes del medio rural se están sumando al crimen organizado como una opción para aumentar sus ingresos económicos, aunque se conviertan en mano de obra barata y desechable, dijo Luis Gómez de Garay, secretario general colegiado del comité ejecutivo nacional de la Unión General Obrera, Campesina y Popular.

Refirió que, de acuerdo con una investigación de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, jóvenes de 14 años de Chihuahua, Baja California, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila se están convirtiendo en “la mano de obra barata y desechable de la delincuencia organizada; por unos cuantos pesos matan por encargo, se convierten en sicaritos o vendedores de estupefacientes”.

La situación se ha expandido por la falta de una política de Estado que ofrezca alternativas a la juventud. La crisis económica, el desempleo, la inseguridad y la pérdida de valores van ligados; cifras oficiales señalan que el desempleo, en el segundo trimestre del año, abarcó 2.6 millones de personas, la mayoría jóvenes. El campo es la solución a los problemas, incluido el de inseguridad, ya que al generar empleos se reactiva la economía del país y se cierra la puerta a las actividades ilícitas.

Dirigentes de diversas organizaciones agropecuarias, que pidieron guardar el anonimato, comentaron que en zonas rurales de diversos estados los productores –hasta los más pobres– son objeto de extorsión por los grupos de delincuentes. En la Huasteca –que abarca Veracruz, Hidalgo y San Luis Potosí– han llegado al extremo de acudir a las zonas de menos de mil habitantes a exigir cobros. A sus habitantes, la mayoría indígenas o campesinos que tienen tierras de temporal y con ingresos anuales de no más de 3 mil pesos, en caso de haber logrado cosechar maíz o frijol, los obligan a dar en pago becerros, vacas, caballos, borregos o cerdos, si no entregan dinero en efectivo.

En estados del Bajío, los grupos de delincuentes, que previamente ya identificaron a las autoridades ejidales y comunales, llegan en tres o cuatro camionetas y les exigen que informen a los campesinos que deberán entregar todas las armas que posean y que si hay alguien que trate de engañarlos será castigado. Días después regresan; todos los hombres deben estar en el lugar y entregar sus armas, la mayoría son viejas y utilizadas para cazar, los cuentan y, si alguien falta, van a su vivienda y la destruyen, sin importar si hay mujeres o niños.

No se presentan denuncias no sólo por temor a los delincuentes, sino también por la desconfianza en las autoridades, pues éstas lejos de creerles, los acusan de pertenecer a la delincuencia organizada, los hostigan y hasta los agreden.

En otras entidades se presiona a los líderes regionales, estatales e incluso nacionales para que se les entregue el monto equivalente a más de dos proyectos productivos. Las extorsiones han adquirido diversos matices, mencionaron.

Los dirigentes campesinos insistieron en que la construcción de una política de Estado en materia de seguridad pasa por un cambio en la política agropecuaria, en respaldar a los pequeños y medianos productores con infraestructura hidroagrícola y de carreteras, créditos a tasas accesibles, tecnología, reducción de los precios de fertilizantes y semillas, tarifas eléctricas, entre otros, para generar empleo, elevar la productividad de granos y diversos productos agrícolas. Asimismo escuchar las propuestas de las organizaciones rurales, pues la inseguridad está dañando la convivencia.