Madrid, 15 de agosto. En respuesta a lo que consideró una discriminación social y religiosa, el Movimiento del 15 de Mayo (15-M) llamó hoy a los ciudadanos a no pagar el boleto y colarse en el metro de esta capital, y, en dado caso, no pagar la multa, en protesta por el reciente incremento a las tarifas de ese medio de transporte y el abono especial para los peregrinos de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), acto que contará con la asistencia del papa Benedicto XVI.

A tres meses de su aparición en el escenario político español, el 15-M se ha expandido de Madrid a toda la geografía española y mantiene firmes los tres pilares surgidos desde su inicio: el carácter de asamblea y horizontal para la toma de decisiones, la resistencia y las protestas pacíficas y la presentación de propuestas concretas para cambiar el orden de las cosas

La JMJ, organizada por grupos católicos del mundo con el propósito de celebrar actos religiosos con su máximo líder, Joseph Ratzinger, comenzó hoy en Madrid con sentimientos encontrados. Por un lado, las instituciones públicas locales y centrales, así como el núcleo del poder de la Iglesia católica española, invirtieron cuantiosos recursos económicos y humanos para los cinco días de charlas, misas y sermones. Desde confesionarios al aire libre para que los feligreses confiesen sus pecados en las calles de Madrid, hasta el menú de cocina vanguardista española con el que recibirán los cardenales españoles al Papa alemán.

Del otro lado, centenares de organizaciones y decenas de miles de ciudadanos que critican el uso de recursos públicos para recibir a un líder religioso, sobre todo cuando el país se encuentra sumido en una crisis, con más de cuatro millones 500 mil desempleados y en medio de durísimos recortes en las finanzas públicas que afectan sobre todo la educación, la sanidad y los servicios públicos.

Al rechazo al despilfarro de dinero público en la visita de Ratzinger se sumó el movimiento del 15-M, al coincidir en que el financiamiento de 80 por ciento del precio del boleto de metro a los jóvenes creyentes, así como el préstamo de los colegios públicos a la Iglesia católica para que hospede, alimente y divierta a sus visitantes, es impropio de un Estado que se dice laico y de un gobierno que en teoría representa a la sociademocracia europea.

El anuncio del gobierno regional, de la ultraconservadora Esperanza Aguirre, de subvencionar el transporte público (de metro, autobús y tren) a los peregrinos, sumado al cierre del tránsito del centro de la ciudad durante seis días, así como de otras localidades donde estará el líder religioso, como San Lorenzo de El Escorial, provocó la indignación de estos colectivos, ya que además coincidió con el anuncio del propio gobierno autonómico de un incremento de 50 por ciento del boleto sencillo del metro, que pasó de un euro a 1.50 euros.

Al hacer su llamado a no pagar el boleto del metro, el 15-M sostuvo que es una injusticia que a la clase trabajadora y a los desmpleados les suban el precio del billete y a los jóvenes católicos se los subvencionen, pero además, es una discriminación religiosa y social.

España, país de honda tradición católica, vive desde hace décadas una pérdida masiva de fieles y un distanciamiento con la cúpula de Iglesia católica, a la que todavía se ve como una fuerza política afín a los ideales de la extrema derecha heredados de la dictadura franquista (1939-1975).

La visita del Papa coincide con el aniversario de los tres meses del nacimiento del 15-M, también conocido como la Spanish revolution, y que representa la expresión más genuina del malestar de la sociedad con los estragos de la crisis económica y financiera, que en España ha tocado sobre todo al empleo de millones de personas y al deterioro del llamado estado de bienestar.

Gracias a la protesta ciudadana, que tuvo su momento crucial en el plantón en la Puerta del Sol, los autodenominados indignados han logrado poner en la agenda pública algunas de sus prioridades: la reforma de la ley electoral para no favorecer más el bipartidismo, el compromiso de algunos partidos políticos que impulsa una reforma a la legislación que regula el sistema crediticio, en respuesta a las miles de personas desahuciados por los bancos. Además de reclamar más transparencia en la administración pública y, acaso su mayor logro, recuperar la plaza pública para hacer política, para protestar, para indignarse.