El juzgado décimo de distrito en materia civil del Distrito Federal notificó este lunes a Rosendo, Tita y Andrea, hijos de Rosendo Radilla, que pueden acudir ante el órgano jurisdiccional para acreditar su interés jurídico y demostrar su filiación con el campesino desaparecido desde 1974, con el fin de que puedan disponer de los más de 238 mil 300 dólares correspondientes a indemnizaciones ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El pasado primero de agosto la Secretaría de Gobernación (SG) depositó dicha cantidad en el juzgado décimo como parte del cumplimiento de la sentencia de la Corte, la cual ordenó compensar a cada uno de los hijos de Rosendo Radilla con 40 mil dólares por reparación del daño inmaterial.

Fuentes judiciales indicaron que los hijos del campesino aún no acuden al juzgado para informar si aceptarán los fondos.

La CIDH ordenó un pago por 80 mil dólares a Rosendo Radilla, quien ya fue notificado mediante edictos. En caso de que después de siete años –periodo establecido por la legislación civil– no haya respuesta del agricultor, sus familiares podrán solicitar a un juez declarar la presunción de muerte de Rosendo, con el objetivo de que los 80 mil dólares puedan ser repartidos entre todos los hijos de manera equitativa.

Las indemnizaciones corresponden al pago por reparación del daño cometido por la gravedad de los sufrimientos ocasionados a las víctimas y el tratamiento que han recibido, el tiempo transcurrido desde que comenzó la desaparición, la denegación de justicia y por el cambio en las condiciones de vida y las restantes consecuencias de orden inmaterial que sufrieron, según consta en la sentencia.

Otros dos pagos ascienden a 13 mil 300 dólares, de los cuales 12 mil fueron fijados por lucro cesante, es decir, ingresos que Radilla dejó de percibir tras su desaparición, y los restantes mil 300 por gastos de sus hijas para tratar de localizarlo.

El caso Radilla ha provocado cambios fundamentales en el sistema jurídico mexicano. El pasado 15 de julio la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cerró un debate histórico sobre la sentencia de la CIDH en ese tema y aprobó seis efectos concretos para la resolución adoptada.

Éstos incluyen la restricción del fuero militar en casos en que se afecte a civiles y la obligación de todos los jueces del país a desaplicar al caso concreto las leyes que violen la Constitución o los tratados internacionales de derechos humanos, lo que se conoce en derecho como control difuso, que por décadas ha estado reservado al Poder Judicial Federal.

En cuanto a la restricción del fuero militar, se aprobaron dos puntos: que los jueces federales adopten los criterios de la CIDH sobre jurisdicción de tribunales castrenses y que la SCJN concentre los conflictos competenciales entre jueces militares y civiles pendientes de sentencia en tribunales colegiados del país.

También se determinó que la averiguación previa del caso Radilla, en manos de la Procuraduría General de la República, no podrá volver al fuero militar, y que se dé a los deudos acceso y copias del expediente.