Como un problema técnico consideró el jefe delegacional de Coyoacán, Raúl Flores, el hecho de que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) otorgara el certificado único de zonificación de uso de suelo específico y factibilidades para la construcción del conjunto habitacional de Tlalpan 3155, sin haber consultado al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM) y a la Secretaría de Transportes y Vialidad (Setravi).

El caso es similar al del conjunto ubicado en el callejón de Esfuerzo 302, construido en 2006, del que a la fecha el sistema de drenaje no está conectado a la red municipal, por lo que la cisterna de agua de lluvias es utilizada como fosa séptica.

Ambas construcciones motivaron la recomendación 5/2011 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) por violar los derechos humanos no sólo de los habitantes de Santa Úrsula Coapa, sino de los beneficiarios de dichos desarrollos inmobiliarios.

En entrevista, Flores García reveló que, pese a que la recomendación no está dirigida a la Consejería Jurídica ni a la Secretaría de Gobierno de la administración capitalina, dichas instancias serán las encargadas de determinar el sentido de la respuesta a la exhortación, el cual será el mismo que su administración dará en los próximos días.

De acuerdo con la CDHDF, la administración de Flores García y el SACM no han garantizado los servicios de agua potable y drenaje a todos los habitantes del pueblo de Santa Úrsula Coapa, además de que han violado los derechos a la salud, a una vivienda adecuada y a la seguridad jurídica.

Con el argumento de que se trata de viviendas populares, el delegado de Coyoacan indicó que el conjunto habitacional de Tlalpan 3155 –el cual ya fue inaugurado por el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard–, tiene beneficios de ley y todas sus deficiencias se subsanaron durante su construcción.

De los 16 puntos recomendatorios, siete están dirigidos a la delegación Coyoacán. Entre las exhortaciones se encuentran: iniciar un procedimiento administrativo y penal en contra de quienes permitieron la ocupación ilegal de los departamentos de Esfuerzo 302; en un plazo no mayor a un mes, verificar que ocho proyectos que en la actualidad se construyen cumplan con la ley, y construir un parque público en Santa Úrsula Coapa.

Estamos convencidos de que los derechos humanos tienen que ser atendidos. Es una de las políticas principales de la delegación y vamos a utilizar los argumentos que vienen al caso, por tratarse de una obra que tiene beneficios de ley importantes por tratarse de vivienda popular, argumentó el funcionario.

El sexto punto recomendatorio establece que la delegación Coyoacán debe verificar el desarrollo inmobiliario de Tlalpan 2971, que a diferencia de los erigidos en Esfuerzo 302 y Tlalpan 3155, no se trata de vivienda popular. Este conjunto de departamentos actualmente está en etapa de preventa y cuestan entre dos y tres millones de pesos. Se proyecta construir nueve torres y la inmobiliaria tiene permiso para edificar más de 300 departamentos.

Sí, ese conjunto habitacional no es de vivienda popular; no tengo el dato de cuántos departamentos se autorizaron, pero también hay un plan de desarrollo urbano y quien compra un predio puede utilizar su propiedad en los términos que la ley se lo permite, indicó Flores.