Culiacán, Sin., 26 de agosto. La Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM) pasó de ser un centro de estudios a un campo de pugnas, actos represivos e intimidatorios, y denuncias de tráfico de influencias y corrupción en los que se involucra a las autoridades de la casa de estudios: ocho maestros han sido destituidos por denunciar y oponerse a las medidas llevadas a cabo por las autoridades, y medio centenar de alumnos mantienen tomadas sus instalaciones desde hace casi 10 semanas.

Los inconformes exigen el cese del rector, Guadalupe Camargo Orduño, la realización de una auditoría financiera ante la presunción de que se desvían recursos, que se rescate el espíritu académico y de investigación de esta casa de estudios y se respete su Ley Orgánica.

Las denuncias de supuestas irregularidades fueron enviadas a la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Nacional para el Desarrollo de las Pueblos Indígenas, la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, y al gobernador Mario López Valdez.

El gobernador nombró y tomó protesta al nuevo rector, quien sustituyó a José Concepción Castro Robles, en violación de los artículos nueve y 17 de la Ley Orgánica de la UAIM, que señalan que dicho funcionario debe ser nombrado por la Junta Ejecutiva, máxima instancia de la universidad, y ésta, no el mandatario, será la que elija de entre sus filas y reciba la protesta del rector.

Además, el inciso IV del artículo 17, dice que para ser rector se requiere ser miembro del claustro universitario y tener cuando menos cinco años cumplidos de servicios docentes o de investigación en la universidad o 10 en instituciones de educación superior del país, autorizadas para expedir títulos profesionales. Camargo Orduño no formó parte de la institución, aunque sí trabajó como maestro de las preparatorias de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Para cubrir otro de los requisitos, referente a que debe formar parte de alguna comunidad indígena, el rector obtuvo un comprobante de que era parte del poblado mayo de Baymena, municipio de Choix. Pero esto no ha sido confirmado.

Antecedentes

En solo cinco meses (el rector) se ha encargado de convertir a la UAIM en un centro de trabajo para políticos, admitiendo 20 funcionarios desperfilados, que genera la duplicidad de funciones y sólo por cumplir compromisos políticos, señalan maestros y alumnos en una carta enviada el 14 de julio a Xavier Antonio Abreu Sierra, director general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Inconformes por las decisiones tomadas, algunas durante las negociaciones que han mantenido con rectoría, y desconociendo acuerdos alcanzados con los quejosos, éstos decidieron retirarse del diálogo, a pesar de la participación de Carlos Noé Cota, en representación del gobernador, como mediador.

Entonces los quejosos decidieron tomar las instalaciones de la casa de estudios en Mochicahui, ubicada en el municipio de El Fuerte, el 27 de junio, a pesar de que el mismo Cota les advirtió que desistieran de la protesta porque de lo contrario se va a cerrar la universidad.

La UAIM nació en 1982 como parte de la Universidad de Occidente, una institución pública estatal, con el nombre de Instituto de Antropología, para atender a jóvenes estudiantes de las comunidades indígenas mayos, del norte de Sinaloa, y yaquis, del sur de Sonora. El plantel ofreció carreras de Sociología rural, Cultura popular y Desarrollo comunitario.

En 1999 cambió su nombre a Instituto de Antropología Universidad y por gestiones del entonces gobernador Juan Millán Lizárraga, el 5 de diciembre de 2001 se emitió el decreto 724 de Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Indígena de México. Para entonces, la institución contaba con mil estudiantes procedentes de 15 etnias del país.

Actualmente, tiene 11 licenciaturas y tres maestrías, y creó el Centro de Investigación y Posgrado. Tiene unos 600 alumnos y su modelo educativo alternativo, de debates en patios y en el campo, bajo las enramadas, y asesorías que rompían el modelo pedagógico tradicional y que permitía atender a jóvenes de escasos recursos, ha sido modificado paulatinamente y los jóvenes investigan y debaten menos, hay más clases en aulas y menos asesoría e investigación.

La universidad está limitando la entrada principalmente a estudiantes indígenas de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, entre otros, que de verdad tienen ganas de estudiar pero son de escasos recursos, señalan Silvia Ibáñez Guzmán, Selvio Ibáñez, Miriam Fabiola Guerrero, Juana Rodríguez Pacheco y Gabino Lozano López, alumnos y trabajadores de la UAIM, en la misiva enviada a la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, el 15 de julio.

Los manifestantes acusaron al rector de incurrir en exceso de directivos y de elevar el gasto en cerca de 300 mil pesos por este concepto. Además, el rector Camargo creó el puesto de secretario técnico, pero éste no existe en la Ley Orgánica vigente, sólo en la iniciativa de ley enviada al Congreso del estado.

En respuesta a las protestas, la rectoría dio de baja a ocho empleados y al resto no les han pagado las quincenas completas, como sucedió el 15 de julio, y no les entregaron los recursos de la prima vacacional.

Además, la rectoría demandó penalmente a 17 trabajadores y estudiantes, por la toma del inmueble, acusados de despojo y daños. Algunos, como Loreto Coronado Moreno, ya fue citado a comparecer ante la dirección de averiguaciones previas, el 14 de julio, a las 10 horas, a fin de decepcionarle declaración como indiciado, reza el documento, firmado por Martha Patricia Galaviz Montoya, el 7 de julio, oficio 182/11/DAPZN.

A mediados de agosto, los inconformes fueron recibidos por Gerardo Vargas Landeros, secretario de Gobierno, y por Francisco Frías Castro, secretario de Educación Pública y Cultura, con quienes las negociaciones se han intensificado, pero todavía no hay acuerdos.