El Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, y uniones civiles del estado y del resto del país denunciaron que legisladores locales del PRI y del PAN presentaron al Congreso de Oaxaca dos proyectos relacionados con los maíces nativos del estado, que fomentan el saqueo (del grano) por empresas transnacionales que tratan de dominar la producción alimentaria del planeta.

Impulsadas por las diputadas Carolina Aparicio (PRI) y Marlene Aldeco Reyes (PAN), las leyes de sustentabilidad de los maíces nativos de Oaxaca y la de fomento y protección del maíz criollo como patrimonio alimentario de Oaxaca, no protegen el maíz nativo, señalaron en comunicados.

Demandaron que la Secretaría de Asuntos Indígenas se involucre en la legislación sobre el maíz, que afecta la cultura y la vida de los pueblos indígenas, pues “a 10 años de que se denunció la contaminación transgénica en los maíces nativos de Oaxaca, ahora se presentan ante el Congreso local dos propuestas de ley.

Ambas iniciativas, señalan, “otorgan certeza jurídica sólo a productores registrados, lo que excluye a campesinos indígenas que producen para autoconsumo, quienes son la mayoría en el estado.

Las iniciativas están orientadas a localidades con producción intensiva, dedicadas al uso de fertilizantes, herbicidas y pesticidas que favorecen la agroindustria y productores de alto rendimiento.

Ambas leyes buscan fijar fronteras agrícolas que limitarán las zonas de cultivo de campesinos de montaña. Esta disposición va de la mano con los programas de conservación que el gobierno está impulsando en toda la República que impiden la agricultura sostenible y ecológica en la milpa tradicional.

Asimismo, prevén la creación de un organismo central que tendrá el control sobre todas las actividades ligadas al maíz y lo establecen como el enlace único entre el estado y los productores, excluyen a los campesinos y les quitan la capacidad de decidir sobre cualquier asunto que tenga que ver con sus semillas. Fomentan la creación de un padrón de productores que serán los únicos beneficiarios de los apoyos y programas productivos de los gobiernos.

Además “obligan a los campesinos a facilitar sus semillas y sus conocimientos a mejoradores mediante bancos de germoplasma. Esto abrirá el acceso a transnacionales que esperan patentar las cualidades del maíz creadas con el trabajo milenario de convivencia, selección y adaptación de nuestros antepasados”, señalan los firmantes.