Cerca de 40 reformas aprobadas por el Congreso entre 2006 y 2010 no pueden operar a plenitud, ya que el presidente Felipe Calderón ha sido omiso en la expedición del reglamento correspondiente. Entre ellas se encuentran la Ley Federal de Extinción de Dominio, otras más relacionadas con la seguridad pública y la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria , se advierte en un documento elaborado por la fracción del PRI en el Senado.

La Ley Federal de Extinción de Dominio, que agiliza los mecanismos para que el Estado pueda confiscar propiedades y bienes de la delincuencia organizada, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2009, luego que Calderón culpó al Legislativo de no dotarlo a tiempo de instrumentos jurídicos en su batalla contra el narcotráfico; a más de dos años, no se ha emitido el reglamento correspondiente.

Hay 25 casos en que se establece un plazo perentorio y éste ya venció, como ocurre con las modificaciones a la Ley de Comercio Exterior, que data de diciembre de 2006, y la Ley General de Cultura Física y Deporte, cuyo reglamento correspondiente debió expedirse el 9 de julio de 2007.

Tampoco cuenta con reglamento otra reforma a esa ley, de mayo de 2008, por la que se crea formalmente la Comisión Especial para la Prevención de la Violencia en la Celebración de Eventos Deportivos.

Igualmente los cambios a la Ley Federal de Telecomunicaciones, por los que se creó el Registro de Usuario de la Telefonía Móvil, que tenía que estar listo el 9 de junio de 2009.

Se trata de otra modalidad más de Calderón de vetar leyes, porque aunque se hayan promulgado, al no existir el reglamento respectivo, la legislación no opera en la práctica y la autoridad administrativa no sabe cómo actuar, comentó el senador del PRI, Francisco Arroyo Vieyra.

Hay tal burocracia para publicar un reglamento en Los Pinos, que se hace nugatoria la labor del legislador. Interviene la Comisión Federal de Mejoras Regulatorias, la Secretaría de Gobernación, el área correspondiente y, por si fuera poco, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. Uno de los problemas de este gobierno es la sobreburocratización de la administración pública, recalcó el legislador.

En el documento se detalla que tampoco cuentan con reglamento la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, que debió emitirse en agosto de 2008, ni la Ley Federal de Sanidad Animal, cuyo plazo venció en julio de ese mismo año, así como las modificaciones a la Ley General de Salud en Materia de Cuidados Paliativos.

Sobre la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, que Calderón publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de este año, aún no cuenta con el reglamento para llevar a la práctica los nuevos beneficios para extranjeros que se refugian en el país, aunque debió emitirse el pasado 26 de julio.

Hay otras siete reformas en las que no se señala expresamente un plazo al Ejecutivo para expedir la norma reglamentaria correspondiente, lo que no lo releva de la obligación de hacerlo. Son cambios legales que datan desde el inicio del sexenio. Entre éstas, la Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, promulgada el 20 de noviembre de 2008, que entró en vigor al día siguiente.

Tampoco la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicada el 29 de mayo de 2009, por lo que tiene que regirse por el reglamento de julio de 2003, en todo lo que se oponga a las disposiciones de la presente ley.