s como un relanzamiento. Un segundo aire cuando parecía que el oxígeno político le faltaba. Un fantasma de peores horrores por venir, para justificar y apuntalar sus planes de continuismo (con elecciones, sin ellas o con ellas a medias) mediante borregos apellidados Cordero u otras formas de suplantación política a las que obligaría la terrible realidad. Una manera de reordenar y aprovechar a sus críticos civiles institucionalizados, de por sí ya bastante difuminados y alineados (con besos y sin ellos). Una justificación oportuna para reanudar caravanas policiacas y militares efectistas rumbo al norte (de donde otros pobladores, como los juarenses, han pedido fundadamente su expulsión por ser causantes de peores males que los presuntamente combatidos). Un revitalizador energético para sus discursos que pueden seguir siendo los mismos, pero ahora dichos con más vehemencia y con rostro y manos de más dureza expresiva. Una recarga argumental de chantajismo patriótico para impulsar las reformas a la Ley de Seguridad Nacional. Y una nueva ocasión para insistir en la cantaleta de todo lo que va del sexenio: la unidad nacional, entendida como cierre de filas en torno a él, Felipe W. Calderón, esta vez a causa de las Torres Gemelas que en la versión nativa han sido un estadio torreonense y un casino regiomontano.

Tres días de luto nacional inmediato cuando el mismo declarante tardó un año para decretarlo en el caso de los 49 niños muertos en la guardería ABC. Instalación apresurada, contundente y repetitiva del concepto de terrorismo que habrá de justificar los excesos cometidos por una administración bélica que así cree contar con una coartada o atenuante en razón de ese nuevo eje del mal. Felipe y su vocero Poiré, que se muestran ante cámaras con grandes enojos y sus parlamentos salen cargados de adjetivos descalificatorios, que pueden ser entendidos y compartidos si se escuchan en labios de los familiares de las víctimas, pero que en voz de los altísimos funcionarios públicos mencionados suenan más a enjundia en busca de exculpación mediante la teatralidad y que a oídos de los mexicanos, largamente especializados en detección de sospechosismos, parecieran encubrir propósitos proporcionalmente inversos a la vehemencia escenográfica.

Recomposición oportunista a la que en nada sustancial afectarán los incidentes y vericuetos de las investigaciones oficiales (ya anoche se anunciaba la detención de dos presuntos responsables del ataque al casino regiomontano). Lo importante era y es colocar en la marquesina social el arranque de la nueva temporada, la del terrorismo como justificación, discurso y proyecto. Por lo pronto, el senador priísta Manlio Fabio Beltrones pide acompañar al licenciado Calderón en este trayecto difícil (tejedor, el sonorense, de presuntos puntos finos que pudieran ayudarle a ver la caída del copete delantero, por errores de él mismo o por metralla política de Los Pinos). Y la violencia política como amenaza, natural o fabricada, alcanza incluso un acto de Andrés Manuel López Obrador en el delicadísimo Nuevo Laredo, donde un presunto grupo de choque de la directiva estatal perredista golpeó con bates y manoplas a asistentes a un mitin del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) cuando éste había terminado, según eso en represalia por las denuncias hechas en el curso de esa reunión contra el dirigente estatal del sol azteca. Dato aparentemente menor, circunstancial, enteramente local, pero que da cuenta de los riesgos constantes que corre el ejercicio cívico y político desde posturas críticas.

Astillas

El asesinato del periodista sinaloense Humberto Millán constituye una ofensa y una amenaza para el honesto ejercicio crítico desde los medios de comunicación. A diferencia de otros casos en los que asoman o son colocados ciertos ribetes polémicos para incluir entre las posibles causas de la autoría de esos crímenes alguna forma de relación de periodistas con el poder corruptor y vengativo del narcotráfico, en el caso de Millán hay una extendida convicción de que su muerte tiene como contexto único el ejercicio crítico respecto de la clase política estatal. Así lo han entendido la inmensa mayoría (por no decir la totalidad) de sus propios compañeros de oficio, el dirigente estatal del PAN y el propio gobierno estatal, además de que un compañero del difunto Millán ha hecho saber que cuenta con un video en el que el periodista, ya bajo amenaza, dejó constancia de sus sospechas respecto a quienes desde el poder político podrían atentar contra su vida. Por lo pronto, el secretario general del gobierno de Sinaloa ha acudido ante la procuraduría estatal para declarar en torno a las presunciones (que ha negado categóricamente) de que él, ampliamente criticado por Millán e incluido en la lista de sospechosos, según la versión del amigo depositario del video de denuncia, podría ser autor intelectual del levantón y posterior ejecución del periodista sinaloense. Sabido es que el narcotráfico ha infiltrado también ciertos segmentos del ejercicio periodístico, y que en varios estados del país hay redacciones donde los grupos delincuenciales dominantes tienen virtuales jefes de prensa que reparten gratificaciones y proponen enfoques noticiosos o sugieren censuras siempre acatadas, además de servir como halcones internos para denunciar ante sus patrones informales a aquellos que aun sin firmar sus notas o reportajes escriban de manera adversa al interés de los jefes. Pero, en una zona minada como es Sinaloa, el asesinato de Humberto Millán –sin nexo conocido o sugerido con esos asuntos oscuros– es una forma de acrecentar la violencia contra quienes analizan y critican los asuntos públicos, en especial los políticos, sin dejarse contaminar por el narco. Con lo sucedido en Monterrey el país ha sido llevado por el calderonismo a una fase superior del control social mediante el miedo. Con lo sucedido en Culiacán también se ha avanzado un paso en el ataque a las posturas críticas en los medios de comunicación. ¡Hasta mañana!

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