El desempeño del magistrado de la primera sala ordinaria del tribunal de lo contencioso administrativo de Nuevo León, José Alfonso Solís Navarro, quien otorgó la suspensión que permitió al casino Royale reanudar operaciones, luego de que el ayuntamiento de Monterrey lo clausuró en mayo pasado, será estudiado para analizar la fundamentación de las resoluciones que emitió y permitieron la operación de centros de apuesta, dio a conocer el gobernador neoleonés, Rodrigo Medina.

El magistrado, quien renunció el sábado, fue cuestionado por autoridades de Monterrey y San Pedro Garza García por amparar casinos y bares que operan fuera de los reglamentos municipales.

El alcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal, dio a conocer que el apoderado de la empresa Cymsa Corporation, que opera el casino Royale, Enrique Hernández, presentó una demanda de amparo ante el tribunal de lo contencioso en mayo anterior, luego de que el municipio intentó supervisar una ampliación del inmueble.

Solís Navarro otorgó la protección judicial que impidió a las autoridades de Desarrollo Urbano y Protección Civil inspeccionar las obras de ampliación de sus instalaciones. Según el magistrado, la empresa no requería de un permiso municipal, ya que sólo realizaba una remodelación interna.

En abril, el alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández, denunció ante el Congreso de Nuevo León que el magistrado permitió la operación del casino Alegre, que el municipio clausuró por operar sin permiso, además que se ubicaba frente a dos colegios.

Solís Navarro también permitió la operación de bares irregulares. De los 23 procesos de amparo en favor de establecimientos con venta de bebidas alcohólicas, 19 son llevados por el tribunal de lo contencioso, 18 de ellos radicados en la primera sala ordinaria, hasta el sábado a cargo del magistrado. El otro se encuentra en la sala segunda, a cargo de la magistrada Aurora Gámez Cantú.

El director jurídico de Monterrey, Adrián González Navarro, informó que en lo que va de la administración, el municipio no ha logrado que se revoque la suspensión otorgada por los magistrados, pese a las múltiples violaciones a los reglamentos, particularmente al Municipal de Alcoholes.

El 18 de mayo pasado la administración municipal de Monterrey presentó ante el Congreso estatal una queja, por considerar irregular la actuación de los magistrados del tribunal de lo contencioso en las suspensiones otorgadas a bares, pues en ellos se detectaron actividades relacionadas con el crimen organizado.

Del mismo modo, el 17 de junio anterior el edil Mauricio Fernández solicitó a la legislatura estatal juicio político contra la presidenta de dicho tribunal, Juana María Treviño Torres, y de los otros dos magistrados integrantes del pleno –Solís Navarro y Gámez Cantú–, por actos u omisiones que dañan el interés público.

Por otra parte, en Jalisco, el secretario general de Gobierno de Guadalajara, Roberto López Lara, informó ayer que como parte de un operativo de revisión de medidas de seguridad en casinos de la ciudad, se clausuraron cinco de los 10 establecimientos de ese tipo que operaban en la localidad.

En Veracruz, la Secretaría de Seguridad Pública dio a conocer que a las 23 horas del sábado comenzó la verificación de casinos en las ciudades de Jalapa, Veracruz, Boca del Río y Coatzacoalcos, con el propósito de corroborar si cumplen con las normas de seguridad y los permisos necesarios para su correcto funcionamiento. La dependencia no informó sobre anomalías localizadas en los centros de apuestas.