Los fundamentos por los cuales inició el caso de corrupción electoral más famoso del sexenio del ex presidente Vicente Fox se fueron desmoronando en los tribunales, a grado tal que la Procuraduría General de la República (PGR) no sólo no pudo llevar a prisión a los políticos y líderes sindicales de Petróleos Mexicanos (Pemex) involucrados en el asunto, sino que los delitos que motivaron el llamado Pemexgate terminaron en el archivo judicial, luego de que hace dos semanas un juez federal ordenó la prescripción de los delitos que en 2003 motivaron el inicio de averiguaciones previas de las autoridades ministeriales.

En 2000, Rogelio Montemayor Seguy, entonces director de Pemex, entregó al sindicato petrolero mil 580 millones de pesos, de los cuales se acusó que 500 millones fueron a la campaña del entonces candidato del tricolor a la Presidencia de la República, Francisco Labastida.

La base del proceso penal que se inició en su momento fue la imputación contra el líder petrolero, Carlos Romero Deschamps, y contra connotados priístas y ex funcionarios de Pemex, acusados de peculado electoral. La acusación consistía en el señalamiento del convenio que Pemex y el sindicato petrolero firmaron el 31 de mayo de 2000, por el cual la empresa entregó 640 millones de pesos al gremio.

De esta cantidad, 500 millones fueron a dar a las arcas de la campaña de Francisco Labastida, candidato presidencial del PRI.

Sin embargo, todos los implicados en el caso Pemexgate fueron absueltos por distintos tribunales federales.

El argumento de los jueces para absolver a los acusados fue que ese convenio sólo afectó a las partes que lo firmaron, que éstas nunca lo cuestionaron legalmente.

El convenio administrativo que nos ocupa constituye un acuerdo de voluntades entre el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y Pemex, cuyos efectos jurídicos (derechos y obligaciones recíprocos) sólo afectan a dichas personas jurídicas colectivas, sostuvo el décimo tribunal colegiado en materia penal, al absolver a varios de los implicados. Este criterio fue repetido por otros tribunales.

Además de Carlos Romero Deschamps, entre los inculpados que nunca pisaron la cárcel destacan los priístas Carlos Almada (vocero presidencial de Ernesto Zedillo), Jorge Cárdenas Elizondo, Joel Hortiales y Alonso Bretón. Los cuatro personajes estuvieron tres años prófugos.

Los tribunales que absolvieron a los implicados en el Pemexgate no dieron valor al dicho del testigo estrella de la PGR, Andrés Heredia Jiménez, quien trabajó en la campaña de Labastida. Heredia declaró que algunos compañeros le refirieron que el PRI estaba recibiendo ilícitamente recursos de Pemex, vía el sindicato petrolero.