Los congresos de los estados van ganando la partida al Congreso federal en materia de creación de leyes destinadas a regular un fondo económico para la reparación del daño a las víctimas colaterales del combate al crimen organizado que emprendió el presidente Felipe Calderón desde el inicio del sexenio.

Hasta el momento, 20 de las 32 entidades del país cuentan con leyes de protección a víctimas y reparación del daño, en acatamiento al artículo 20 de la Constitución federal, que establece siete derechos de los afectados por diversos delitos, según informaron a La Jornada funcionarios de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República que pidieron el anonimato.

A escala federal, sólo dos leyes generales prevén la reparación del daño a víctimas afectadas por la muerte de algún familiar, como parte de la llamada guerra contra la delincuencia: la Ley General para Prevenir y Sancionar el Secuestro, publicada en 2010, y la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, vigente desde junio pasado.

Sin embargo, la mayoría de las víctimas colaterales han fallecido en operativos militares o policiacos contra narcotraficantes o sicarios, y hasta el momento no existe una ley federal que dé cobijo a los familiares afectados para que reciban una indemnización obligatoria.

En la actualidad, cuando alguna familia pierde a uno de sus integrantes en un operativo anticrimen, para obtener una indemnización de las autoridades debe iniciar un litigio y demostrar que el fallecimiento ocurrió en el entorno de la comisión de un delito del fuero común.

Sin embrago, el principal problema es que en la mayoría de los casos las autoridades estatales se niegan a indemnizar a quienes hayan perdido a algún familiar, bajo el supuesto de que quienes fallecen en un operativo militar son víctimas de acciones de la autoridad federal y como a ese nivel no existe una ley sobre reparación del daño, muchas familias aún no son indemnizadas.

De acuerdo con los funcionarios consultados, las entidades que aún no aprueban leyes de reparación del daño a las víctimas colaterales son Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Las otras 20 entidades ya cuentan con su respectiva ley en esa materia, que se aplica, por ejemplo, cuando alguna familia es afectada por un operativo anticrimen en el que se demuestre que el homicidio de un inocente fue cometido por miembros de las corporaciones policiacas estatales y/o municipales.