Si algo caracteriza al Partido de la Revolución Democrática (PRD) en los pasados tres años, es que la toma de decisiones se da al margen de la legalidad interna.

Por encima de las normas prevalecen las componendas cupulares que responden a los intereses de las corrientes mayoritarias en el partido.

A partir de 2009, su dirigencia nacional ha incurrido en un sin número de irregularidades, de las cuales destacan la violación sistemática a los estatutos partidistas, y la celebración de asambleas con órganos de dirección que perdieron su vigencia hace alrededor de cuatro meses.

Sus dirigentes llegaron al extremo de no incluir en sus normas la figura de la Comisión Política Nacional (CPN). Tras ser advertidos por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral (IFE) de esta irregularidad, resolvieron volver al esquema de Comité Ejecutivo Nacional (CEN) en su pasado congreso, cuya convocatoria también ya fue impugnada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por presunta ilegalidad, a raíz de que sus integrantes debieron dejar el cargo en abril.

El 13 de mayo del presente año, la instancia del IFE envió al representante del partido del sol azteca ante este órgano, Camerino Eleazar Márquez, un oficio donde le expuso que la figura no estaba incluida en la estructura orgánica del partido, por lo que no es posible proceder a su inscripción (tras la elección de sus integrantes un mes antes) en el respectivo libro de registro, aunque tomó nota de su integración.

En cuanto al secretariado nacional (electo también en abril), le planteó que el artículo 110 del estatuto indica que el CEN se integra, entre otros cargos, por diez secretarías y no por las 15 que le fueron presentadas. Más aún, le notificó que sólo dos coincidían en el nombre: la de relaciones internacionales y la de asuntos juveniles.

En virtud de lo anterior, esta dirección ejecutiva no cuenta con los elementos para proceder al registro de los integrantes de las secretarías mencionadas (13), en tanto no se nos aclaren cuáles son los motivos y fundamentos por los que no se integró el CEN conforme a lo dispuesto por los artículos relativos del estatuto y reglamento de comités ejecutivos del PRD.

Se hicieron las aclaraciones correspondientes, y para el 20 de agosto se procedió a votar el cambio, para volver a la figura de CEN.

El pasado 26 de agosto, el TEPJF ordenó a la dirigencia del partido renovar sus consejos y congresos nacionales, estatales y municipales, mediante la elección de sus militantes, antes del 15 de noviembre, por el término de su vigencia. Paradójicamente, la convocatoria para dichos comicios se aprobará este sábado en sesión de consejo nacional, previo acuerdo cupular.

La resolución se sustenta en el incumplimiento del partido para incorporar los cambios a la estructura perredista que fueron aprobados en el congreso nacional de 2009, cuando dirigía al partido Jesús Ortega.

En diciembre de ese año se aprobó una reforma a los documentos básicos, en la que destaca la renovación de órganos a partir de la elección de 157 mil 804 representantes seccionales; conformar comités de base seccionales y sectoriales que –se supone– son el pilar para la integración de las directivas municipales, estatales y nacionales.

Además, dichos comités, de cara al 2012, serían la base para la organización territorial del PRD, a fin de fortalecerlo en las casi 65 mil secciones electorales. Sólo que para instalar un comité se requiere un mínimo de cinco afiliados, y un reporte preliminar indicó –hace dos meses– que esto no sería posible porque 31 mil 132, registraban menos de cuatro militantes.

También se aprobó elaborar un nuevo padrón, tras las irregularidades e inconsistencias detectadas en el llamado histórico. El actual se mantiene en la meta mínima fijada, de poco más de un 1.7 millones de afiliados y reafiliados, que representa 25 por ciento del listado original.

Consejo tras consejo se fueron postergando los cambios, hasta llegar al congreso nacional del pasado 20 de agosto, donde se aprobó, por mayoría, una nueva ruta para postergar la renovación de dirigencias y órganos del partido hasta después de las elecciones federales de 2012. Incluía prorrogar la vigencia de consejos y congresos, lo que días después el TEPJF invalidó.

Ese congreso, que costó 12 millones de pesos, tuvo una fuerte carga de denuncias por parte de diversos perredistas por incumplir una serie de disposiciones, como sesionar más allá de su legalidad, y someter a votación una nueva reforma estatutaria sin entregar a los congresistas copia del documento que previamente consensuaron Nueva Izquierda, Izquierda Democrática Nacional y Alternativa Nacional. Los perredistas tuvieron que leer, a marchas forzadas, las propuestas de modificación a los estatutos en un proyector.