Al iniciar el declive del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, los grupos parlamentarios del Partido del Trabajo (PT) y Convergencia (Movimiento Ciudadano) reprobaron la estrategia mediática y propagandística de la administración federal.

Enrique Ibarra, vicecoordinador del PT reprochó con dureza al Ejecutivo porque se burla de esta soberanía con un maquillaje estadístico, que se llama Informe de Gobierno, que matiza con un tono de su reforma presidencialista. Se traduce en su estafa para reformar el fuero militar, y con su proyecto fascista para reformar la Ley de Seguridad Nacional, Calderón nos arroja sus ocurrencias y después nos presiona para aprobarlas, mientras que todas las comparecencias sus empleados son incapaces de reconocer el desastre que administran.

Con preocupación, Ibarra advirtió a la nación que en el periodo ordinario que recién inicia, los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) se empeñarán en aprobar el suicidio de la República con la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, implantando un Estado de excepción que por definición es contrario a cualquier orden jurídico.

De espalda a la sociedad, PRI y PAN han concretado una alianza secreta que se evidencia con las profundas desigualdades sociales, la subasta de la soberanía nacional y el prolongado fraude electoral. Es inútil eludir los señalamientos públicos con nuestro desempeño. Esta Cámara es responsable de la inminencia de una elección presidencial con un Instituto Federal Electoral (IFE) cercenado.

El representante petista afirmó que comprobadamente en México las agencias de inteligencia estadunidenses definen las prioridades de seguridad, porque poseen toda la información sobre el país. Este Congreso no puede avalar la continuidad de una estrategia cuyo único objetivo ha sido compensar la legitimidad que no le dieron a Calderón las elecciones de 2006. No podemos admitir que la ciudadanía siga pagando los costos de la estrategia anticrimen de Calderón. El PT se opondrá con toda firmeza, como lo hemos hecho, a legalizar la militarización del país que pretende erigir la masacre como política de Estado.

Por su parte, Alejandro Gertz Manero subió a tribuna en nombre de Movimiento Ciudadano y desde ahí recriminó que la paz, la seguridad y la justicia se han extraviado de manera acelerada, y en tanto el gasto público se utiliza para alimentar una enorme maquinaria burocrática, más costosa.