on el arranque de las negociaciones entre México y Estados Unidos para acordar los términos de exploración y explotación de los yacimientos petroleros transfronterizos –luego de la conclusión de la moratoria de 10 años establecida para esas actividades desde junio de 2000–, nuestro país inicia en condiciones de clara desventaja un proceso de discusión sumamente trascendente desde la óptica de las potestades del Estado mexicano sobre los hidrocarburos.

De acuerdo con comunicados emitidos tanto por el Departamento de Estado de la nación vecina como por la Secretaría de Energía de nuestro país, las negociaciones iniciadas esta semana en Washington tendrían que derivar en un nuevo acuerdo para la explotación segura, eficiente y equitativa de los yacimientos ubicados en la frontera marítima común para finales de 2011. De cualquier forma, desde abril del año pasado las empresas petroleras Shell y Chevron anunciaron el inicio de trabajos en pozos localizados en aguas profundas del Golfo de México, algunos de los cuales se ubican tan sólo a 11 kilómetros del límite marino entre México y el país el vecino del norte. Y aunque el hallazgo de crudo en aguas profundas no implica el inicio inmediato de la producción –proceso que puede tardar incluso varios años–, el escenario descrito plantea una circunstancia de riesgo para los recursos petroleros ubicados en el lado mexicano.

La circunstancia obliga a recordar que la razón fundamental por la que Petróleos Mexicanos (Pemex) no ha podido ampliar sus tareas de exploración y explotación marítima a gran profundidad –se estima que los yacimientos transfronterizos se ubican en un rango de entre 2 mil 500 y 3 mil 500 metros bajo el nivel del mar– no es otra que la sostenida insuficiencia presupuestal que sufre la paraestatal para desarrollar su capacidad operativa y tecnológica, así como la que padecen los órganos de investigación y desarrollo a cargo del Estado. Significativamente, el Instituto Mexicano del Petróleo ha venido desarrollando un programa de explotación de campos en aguas profundas, en tanto que Pemex ha realizado, desde hace años, perforaciones productivas en profundidades marinas de entre 500 y mil metros. Para potenciar esas capacidades existentes, bien habrían podido utilizarse los recursos destinados a la compra de acciones de la petrolera española Repsol, que ascienden a unos mil 700 millones de dólares, o bien una porción de las millonarias cantidades que son sistemáticamente sustraídas de Pemex mediante el cobro de impuestos y derechos diversos.

No debe soslayarse, por otra parte, que la existencia de yacimientos transfronterizos, así como la posibilidad de que éstos comiencen a ser explotados por Estados Unidos, fue parte de los argumentos centrales del gobierno calderonista durante la intentona gubernamental de modificar, en 2008, el marco legal de la industria petrolera nacional para abrirla a manos privadas.

Con tal antecedente, es inevitable suponer que el acuerdo que se alcance con estas discusiones pueda servir como pretexto para acentuar la participación de empresas extranjeras en tareas que, por mandato constitucional, corresponden exclusivamente al Estado mexicano; como botón de muestra de esta amenaza, es pertinente advertir que uno de los escenarios posibles para la explotación de los citados yacimientos es la llamada unitización, modelo que contempla la explotación binacional conjunta a través de una sola compañía, y que podría sentar un precedente para la ampliación en las operaciones de petroleras privadas en el territorio, las cuales recientemente se vieron beneficiadas con el otorgamiento de los cuestionados contratos integrales de servicios.

En suma, cabe demandar que en las negociaciones que iniciaron esta semana en la capital estadunidense las autoridades mexicanas rechacen cualquier modalidad de explotación que implique la vulneración de la Carta Magna. La sociedad organizada, por su parte, deberá estar alerta ante lo que se presenta como una nueva oportunidad de avanzar el empeño privatizador del Ejecutivo federal.