undado en 1989 por el obispo Samuel Ruiz García, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, mejor conocido como el Frayba, continúa con su ardua y valiente labor de documentar las violaciones a los derechos humanos en Chiapas, especialmente entre los pueblos indios. Su actual equipo, conformado por decenas de hombres y mujeres comprometidos con las comunidades, renueva esfuerzos y da seguimiento a un trabajo encaminado a contribuir a la construcción de una sociedad con plenitud de derechos. Misión difícil en estos días.

Independientemente del camino que sigan quienes lo han dirigido y ahora se encuentran trabajando para los gobiernos que antes denunciaron con vehemencia, el Frayba cuenta con una estructura lo suficientemente sólida para seguir una línea en favor de los desposeídos, a quienes no presenta como víctimas, sino como sujetos y actores de la construcción de su destino.

En estos días, el Fray Bartolomé presentó su informe anual, correspondiente de abril de 2010 a marzo de 2011, en el que resalta la disputa por el control territorial y la cultura de la violencia generada por el Estado mexicano en Chiapas, ubicando como responsables del despojo a planes gubernamentales o privados, tales como el Proyecto Mesoamérica, que provoca conflictos con graves consecuencias sociales en las regiones donde se ubican comunidades habitadas, entre otros, por bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional EZLN), quienes están construyendo alternativas frente a proyectos de desarrollo dirigidos a la explotación de los recursos naturales ajenos a la cultura de los pueblos indígenas.

En un país que, como indica el centro de derechos humanos, se encuentra en la zozobra de una violencia generalizada, y a pesar de la sistemática violación a los derechos humanos que esto conlleva, las culturas originarias sobreviven, se reproducen y continúan generando alternativas de vida. Es alentador, dice el Frayba, el impulso que observamos en los pueblos que sobreviven ante la irresponsabilidad de los gobiernos. Ellos son los que crean y transforman proponiendo acciones de justicia.

En Chiapas, aunque el Estado instrumenta su propia lógica de guerra contra las comunidades autónomas zapatistas, también se observa un juego perverso en la implementación de leyes duras dirigidas originalmente hacia la guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, pero que permiten al gobierno actuar con total impunidad restringiendo derechos civiles y políticos.

La imagen del defensor de derechos humanos que suspira por un lugar en la ONU, proyectada por el gobernador Juan Sabines, se desmorona ante el cúmulo de violaciones vertidas en el informe del Frayba.

losylasdeabajo@yahoo.com.mx - http://desinformemonos.org