Propietarios y representantes de casinos en México exigieron al Congreso que asuma su responsabilidad y apruebe reformas a la Ley de Juegos y Sorteos –que remplace la actual norma, vigente desde 1947– y un reglamento de operación de las casas de apuestas con el propósito de evitar mayor descomposición en ese sector.

El grupo de trabajo especializado en la vigilancia y cumplimiento del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, de la Comisión de Turismo, se reunió con permisionarios de casas de juego para analizar la situación que guarda la ley.

Los representantes de los permisionarios criticaron la omisión del Congreso, que en una decena de oportunidades ha obviado la aprobación de igual número de propuestas de ley, al tiempo que se desmarcaron de cualquier responsabilidad por los sucesos violentos que han asolado a los casinos en el país.

Indra Sánchez de la Barquera, representante de la Asociación de Permisionarios de Juegos y Sorteos, encabezó los reproches al Congreso federal por ese vació que hay en la ley, y de la que se aprovechan muchas personas para instalar casas de juego sin la mínima regulación. Nosotros estamos en contra de esa irregularidad, queremos ser regulados con una ley que nos mantenga en los límites permisibles.

Normatividad obsoleta

Miguel Ángel Ochoa Sánchez, vicepresidente de la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juegos de Apuesta en México (AIEJA) insistió en aprobar una nueva legislación.

La ley vigente es obsoleta, es de 1947 y no ha tenido ninguna actualización; desde su promulgación a la fecha, han acontecido avances tecnológicos que no están contemplados, incluso el mismo reglamento no pudo ir más allá y es por tanto incompleto. Esas lagunas han provocado espacios que han sido aprovechados para el nacimiento de casinos que operan sin permiso.

Asimismo, ponderó las bondades de las apuestas y la cultura del juego. Recordó que genera 40 mil empleos “dignos y seguros, de forma directa y más de 120 mil indirectos. Agregó que atrae inversión nacional y extranjera, permitiendo la competencia con casinos en el extranjero, fundamentalmente de Estados Unidos.

En esa tónica Óscar Paredes Arroyo, presidente del Consejo de Administración del Palacio de los Números, hizo patente que el juego no es una actividad ilegal, pero sí que requiere una gran regulación con normas claras y los permisionarios están dispuestos a acatarlas.

Hoy somos víctimas de la inseguridad y del crimen organizado y no se puede generalizar que es por culpa de los casinos. Lo que nos hace falta es una integración entre gobierno y particulares para poder salir adelante. ¿Cómo quieren que estemos en la legalidad, cuando tenemos leyes que tienen demasiadas lagunas y subterfugios que permiten cualquier conducta? ¿Cuál es la responsabilidad de las autoridades? ¿Cómo podemos ser criticados de que somos legales o ilegales si no partimos de una norma específica actualizada?